El Gobierno estudia la intervencón de PSV, que ayer presentó suspensión de pagos

La cooperativa de viviendas de UGT, Promotora Social de Vivienda (PSV), solicitó ayer, como estaba previsto, demanda de suspensión de pagos. El viernes lo había hecho su empresa gestora, IGS. La demanda de PSV ha correspondido al Juzgado de Instrucción número 63 de Madrid. En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Pedro Solbes, aseguró ayer que la suspensión de pagos de ambas sociedades facilitará 9a liquidación ordenada" del proyecto. El Gobierno, que, según dijo Solbes, apoya la escisión de PSV en unidades de menor tamaño, podría decidir mañana si interviene PSV.

Las aportaciones hechas hasta ahora por los socios de la cooperativa rondan los 30.000 millones de pesetas, mientras que las necesidades financieras del proyecto fueron estimadas por los propios gestores de PSV en los 100.000 millones. En UGT, hoy mismo, el secretario general del sindicato, Nicolás Redondo, mantendrá una reunión con los secretarios generales de las uniones de la organización para informarles sobre la situación de IGS-PSV.En el seno del sindicato se valora la oportunidad de que el secretario general explique personalmente lo sucedido en PSV, más cuando la figura de Redondo ha sido duramente cuestionada en los últimos meses por asociaciones de afectados, como la de los Futuros Vecinos de Valdebernardo (AFUVEVA). También ayer, en declaraciones a Antena 3 Radio, uno de los miembros de la denominada Plataforma de Querellantes de PSV, Emilio del Val, afirmó que "la responsabilidad de UGT es patrirnonial". En opinión de Del Val "podría haber habido un trasvase de 5.000 millones de PSV a UGT, "por lo que podría haber delito de estafa y apropiación indebida".

Mañana miércoles, día de reunión de Consejo de Ministros, está previsto un encuentro entre dirigentes del sindicato y del Ministerio de Trabajo, según confirmaron fuentes de este departamento. Al encuentro asistirán el secretario de organización de UGT, Antón Saracíbar y el secretario general de empleo, Marcos Peña. También acudirá el secretario de finanzas de UGT, Sebastián Reyna. De la reunión podría salir una decisión definitiva sobre la implicación del Gobierno en la crisis PSV. Sobre este punto, Peña afirmó ayer que por parte de la Administración, se está "en fase de asesoramiento y no de intervención". Peña hizo un llamamiento a los cooperativistas para "recuperar la fe en el proyecto" y aseguró que desde la Administración, existe todo el interés por defender sus derechos.

El primer paso para la intervención de la cooperativa ya está dado. La pasada semana, el director general de cooperativas, Juan José Barrera, envió un oficio al presidente del consejo rector de PSV, Paulino Barrabés, requiriendo formalmente las cuentas de PSV.

La situación de la cooperativa de viviendas y los préstamos de 9.200 millones concedidos por el ICO al proyecto (8.000 millones en octubre y 1.200 la pasada semana) han provocado una contundente reacción por parte de la Asociación Nacional de Promotores Constructores. Según su portavoz, Manuel Martí, los préstamos del ICO a UGT para apoyar a PSV abren una vía "por la que cualquier promotor privado podrá pedir recursos a este organismo".

Las ayudas concedidas a IGS-PSV por el ICO fueron abordadas también ayer por el ministro de Economía, Pedro Solbes. Solbes explicó, por si había alguna duda al respecto, que los 9.200 millones se destinan a tapar agujeros, o en sus propias palabras "a hacer frente a los pagos de IGS del Mercado Hipotecario" informa Concha Martín. IGS del Mercado Hipotecario, sociedad dedicada a captar cuentas ahorro-vivienda, está en liquidación desde la pasada semana.

Según Solbes, el Gobierno ha actuado en todo momento para garantizar al máximo el dinero de los depositantes y cooperativistas de PSV.

Por el lado de los cooperativistas, su interventor-representante en PSV, Tomás Arrieta, hizo pública una carta al presidente del Gobierno, Felipe González. Arrieta se queja de la falta de atención prestada por Trabajo a sus demandas.