El Gobierno pierde su pulso más duro con los jueces

El caso Linaza provocó el mayor enfrentamiento entre los poderes Judicial y Ejecutivo desde el comienzo de la transición. Para el gran público, la primera noticia de esta interminable historia judicial de 12 años se produjo en agosto de 1986, cuando María Elisabeth Huerta, una juez de Bilbao menuda, meticulosa y muy respetada por sus compañeros de carrera, citó a rueda de identificación a 90 guardias civiles.La juez pretendía presentarlos ante Tomás Linaza Euba, el padre de un activista de ETA, que había sido detenido el 14 de mayo de 1981 y conducido a la comandancia de la Guardia Civil de La Salve, en Bilbao. Allí y en dependencias del instituto armado en Madrid que nunca pudo localizar, sufrió palizas y le aplicaron el método de tortura conocido como la barra (golpes por todo el cuerpo mientras permanecía atado a una barra metálica), según denunció al juzgado. En Bilbao, tras el funeral de dos guardias asesinados por ETA, varios agentes penetraron en su celda y le propinaron también una paliza.

En abierto desafío a la juez, los 90 guardias no acudieron a la rueda de identificación. Para entonces, Linaza había reconocido ya al sargento Alfredo Serrano y al número Lucio de Sosa como dos de sus torturadores.

La juez había recurrido a la citación masiva tras constatar una actitud abiertamente obstruccionista de la Guardia Civil, que le entregó sucesivos listados con más de 1.500 nombres sin orden ni concierto en respuesta a la pregunta de qué guardias custodiaban los calabozos de La Salve los días de autos.

La incomparecencia de los 90 citados fue Justificada por sus mandos en "órdenes del Gobierno de la nación", que avalaron los entonces ministros del Interior, José Barrionuevo, y de Justicia, Fernando Ledesma. Ambos alegaron que el presidente del Gobierno, Felipe González, estaba al corriente.

Debieron ser los días más duros de la vida de la juez Huerta, que se vio sometida al acoso de la prensa reaccionaria, acusada de hacer el juego a los terroristas y amenazada públicamente con la difusión de un informe Infamante sobre su vida privada. Pero sus colaboradores aseguraron que no dejó entrever el menor síntoma de inquietud, ni siquiera cuando en mayo de 1987 elevó a diligencias todo lo relacionado conla incomparecencia y medios jurídicos interpretaron que era el paso previo a su traslado al Supremo, para que éste considerara la posibilidad de procesar por desobediencia al jefe del Ejecutivo.

Huerta, finalmente, decidió incorporar la declaración de González por escrito al sumario Linaza. Las aguas volvieron a su cauce y los guardias fueron desfilando ante la víctima, que hubo de acudir a 43 ruedas de reconocimiento en total.

Al acabar el juicio en Bilbao con la condena de nueve miembros de la Guardia Civil, el 21 de noviembre de 1990, Linaza dijo lo mismo que había anunciado al guardia que le despidió en Madrid mientras le dejaban en libertad sin cargos, nueve años antes. "Quiero que se persiga a los que me torturaron, pero no les guardo rencor".