A los jueces no les gustan los superjueces

El estamento judicial, en general, es poco fa vorable a los jueces estrella. De ahí las reticencias que levanta Marino Barbero en el Tribunal Supremo, a causa de la notoriedad alcanzada por el caso Filesa, y las que en su día produjo Baltasar Garzón mientras actuó como juez de instrucción de la Audiencia Nacional.Ahora le toca el turno a Miguel Moreiras, quien se encuentra aún más aislado que los anteriores, porque la es pectacularidad de sus casos se mezcla con la inseguridad producida por sus contradictorias decisiones. Los sumarios por los grandes casos de la historia reciente de la norma española se encuentran en manos de este magistrado de 44 años.

Desde los fraudes del IVA hasta las cesiones de crédito del Banco Santander, pasando por la estafa del Banco Europeo de Finanzas (BEF), el vaciamiento patrimonial de Macosa, la supuesta financiación de UGT a través de la empresa Enatcar y otros, el instructor de los delitos económicos se ha visto cada vez más cuestionado.

Frente al ex juez de vigilancia penitenciaria y de lo social, convertido desde hace tres años en juez de delitos económicos, se mueve lo más granado de la abogacía española.

Y, naturalmente, estos despachos, contratados por los implicados en los sumarios de Moreiras, dedican mucho tiempo abombardearle con recursos de todas clases. De ahí el zigzagueo constante de las espectaculares decisiones del magistrado.

En varias ocasiones, el juez Moreiras ha adoptado decisiones graves que posteriormente ha rectificado.

Así ha ocurrido con las diligencias por 48.000 operaciones de cesión de crédito del Banco Santander, rectificándose a sí mismo en dos sonadas ocasiones: primero impuso una fianza de 8.000 millones de pesetas a la entidad, después la anuló, y a los pocos meses volvió a imponer fianza, en este caso de 3.500 millones, para volver a anularla por entender que la entidad bancaria tiene solvencia suficiente.

La última de las decisiones rectificadas por el juez Miguel Moreiras fue la orden de prisión incondicional para el empresario Benedicto Alfaro, que tres días después cambió por la libertad bajo la módica fianza de 10 millones. En este asunto, Moreiras ha considerado incluso la posibilidad de mantener abiertos dos procesos contra un mismo implicado, el citado Alfaro.

Mientras tanto, Moreiras ha instruido las diligencias contra más de 600 empresas por fraudes fiscales y falsedades documentales. Lo cual no ha sido óbice para que haya defendido en público que el fraude fiscal no debe ser considerado como delito cuando el presunto culpable regularice su situación con Hacienda, potenciando así la función recaudadora sobre la jurisdiccional. En virtud de ese criterio, Moreiras intentó archivar las diligencias contra más de doscientas de esas empresas, decisión que echó abajo la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Por tres veces consecutivas ha desestimado la querella de KIO contra Javier de la Rosa y los antiguos gestores de dicho grupo empresarial, amparándose en que el delito denunciado -administración fraudulenta del grupo- no está tipificado en el Código Penal.