García Vargas revela que el Cesid puso en contacto a Godó con el coronel implicado en las escuchas

El ministro de Defensa, Julián García Vargas, reconoció ayer en el Congreso que la implicación de un directivo y dos colaboradores del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) en la red de escuchas ilegales descubierta en Barcelona representa un grave fallo del principal servicio de espionaje español. El ministro admitió que uno de los cerebros de la trama mafiosa, el coronel Fernando Rodríguez González, se incorporó a la misma cuando aún era directivo del servicio secreto. García Vargas reveló que fue precisamente el Cesid el que puso en contacto al coronel Rodríguez González con Javier Godó, presidente del diario La Vanguardia, en torno al cual operaba la red.

El titular de Defensa se comprometió a "exigir responsabilidades" y "castigar duramente" estas conductas, que suponen una "quiebra de la confianza extrema" que el Estado deposita en sus agentes secretos.García Vargas manifestó que el coronel Rodríguez González entró en contacto con el editor de La Vanguardia a finales de 1991 por recomendación del propio Cesid, al que Javier Godó acudió preocupado por su seguridad. El ministro aseguró desconocer el tipo de relación que mantuvo el coronel con Godó desde ese momento hasta que el pasado 1 de junio se incorporó a una de las empresas de la red.

Rodríguez no se dio de baja en el Cesid hasta el 15 de julio, por lo que al menos durante un mes y medio simultaneó su trabajo en el servicio secreto y en la trama mafiosa.

El coronel ingresó en el centro de espionaje en 1979, y desde 1987 era jefe de área en la sección de Economía y Tecnología, especializada en el tráfico de armas. Como directivo del Cesid, Rodríguez sacó del centro, violando la normativa sobre materias clasificadas, copias de documentos internos que han sido incautados por la policía e incorporados al sumario.

Según el ministro, el Cesid abrió una investigación de oficio cuando el coronel, sorpresivamente, pidió el pase a la reserva para ocuparse de inexistentes "negocios familiares". Las pesquisas no habían concluido el 15 de noviembre, cuando el coronel fue detenido junto a otros dos ex agentes: Miguel Ruiz Martínez, El Lobo, y Manuel María Sánchez.

El Lobo se desvinculó del servicio secreto en junio de 1985, aunque el Cesid ha seguido en contacto con él "para garantizar su seguridad, ya que en el pasado prestó importantes servicios al Estado", dijo el ministro, en alusión a su labor como infiltrado en ETA.

García Vargas reconoció que tanto Miguel Ruiz como otros ex agentes secretos han realizado operaciones en beneficio privado alegando que actuaban en nombre del Cesid. Respecto a Manuel María Sánchez, antiguo guardia civil, dijo que abandonó el centro de inteligencia en enero de 1988 y que, desde entonces, no mantenía ninguna relación con el mismo.

No implicación del Cesid

El ministro aseguró que ni el Cesid como institución ni ninguno de sus actuales miembros está involucrado en la trama que extorsionaba a empresarios, aunque matizó que esta afirmación la basaba en los datos de que dispone hasta ahora, sin descartar que en el futuro puedan aparecer otros nuevos.

También desmintió que el servicio secreto recibiera la información que obtenían sus antiguos agentes mediante escuchas ilegales. Según su versión, Defensa no tenía información de esta red hasta que se produjeron las detenciones, cuando el ministro ordenó al Cesid una investigación interna.

García Vargas aseguró que el Gobierno no recurre a agentes secretos para informarse sobre los movimientos empresariales en los medios de comunicación: "Basta con llamar a los afectados y preguntarles".

La explicación no convenció al portavoz del PP, Santiago López Valdivielso, quien consideró "inconcebible" que el Cesid no estuviera al corriente de las actividades delictivas de sus agentes. "Nuestra impresión es que el Gobierno no sólo lo sabía, sino que se beneficiaba de la información con criterios partidistas; es más, de un sector del partido", dijo.

Antonio Romero, de IU, pidió la dimisión del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, mientras que Salvador Carreras, de Convergéncia i Unió,pidió que se actúe "con toda dureza, transparencia y eficacia" contra los responsables.

García Vargas se mostró dispuesto a aceptar el control parlamentario de las actividades del Cesid, mediante comparecencias en la Comisión de Defensa y entrega de documentación secreta a los diputado designados con ese fin por el Pleno del Congreso.

"Los procedimientos ya existen, sólo hay que actualizarlos y utilizarlos. El Gobierno está dispuesto a que se utilicen en esta legislatura con la regularidad que estimen sus señorías", dijo a los parlamentarios, También se comprometió a acelerar la aprobación del estatuto del personal del Cesid, pendiente desde 1989, que establecerá distintos grados de incompatibilidad para el pase a empresas privadas de investigación de los ex agentes secretos en función de la responsabilidad que hayan tenido.