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Juan Guerra consigue la cuarta absolución por un juicio por falsedad

Juan Guerra, su amigo Francisco López Martín y José Garrido López fueron absueltos ayer de los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad, de los que fueron acusados por el abogado del Estado y las acusaciones particulares de Izquierda Unida y el Partido Andalucista, en el llamado asunto Comasa. Con ésta son cuatro las sentencias absolutorias que, en otros tantos juicios, ha conseguido Juan Guerra desde que, en marzo de 1991, comenzó el llamado caso Guerra.

"Es la cuarta sentencia absolutoria en los cuatro juicios celebrados, sin olvidar la decena de resoluciones de archivo dictadas en otras tantas investigaciones. Es una situación tan anómala e impensable en un Estado de derecho la que se ha dado con este ciudadano, que espero que los que han contribuido a ella reflexionen y asuman sus responsabilidades", dijo Antonio Mates, el abogado de Juan Guerra, que expresaba así su satisfacción por el cuarto fallo que absuelve a su cliente. Más sereno que en anteriores ocasiones, Mates anunció que cuando acaben todos los procesos contra Juan Guerra -aun quedan por juzgar el uso del despacho oficial y una causa por delito fiscal- llevará el caso hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, para que dictamine sobre la instrucción realizada por el juez Ángel Márquez.

La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, afirma que "después de examinar las pruebas de cargo y de descargo existentes, y valorarlas conforme a la regla de la sana crítica, no es posible considerar que José Garrido López, Francisco López Martín y Juan Guerra González sean autores de delito alguno".

La juez de lo Penal número 4 de Sevilla, Esperanza Jiménez Mantecón, desestima las cuestiones de nulidad alegadas por la defensa, y estima que la instrucción del juez Márquez no vulneró derechos fundamentales. Niega la juez que los acusados crearan la sociedad Construcción Modular Andaluza (Comasa) "con la única intención de obtener subvenciones" para un futuro hotel y aprovechando "perspectivas económicas favorables", estima que la Administración no resultó engañada para obtener la subvención y asegura que "hubo intención seria de construir el hotel".

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