La red ilegal de escuchas telefónicas poseía informes internos del Cesid

Eduardo Navarro, titular del Juzgado número 32 de Barcelona, avanza paso a paso para desentrañar la madeja tendida por la red de escuchas ilegales desarticulada en Barcelona y cuya acción se extendía a otros lugares. Según los últimos datos, la trama contaba con un empleado de Telefónica y poseía informes internos del Cesid, cuya trascendencia aún no ha sido evaluada. Si se confirma su confidencialidad, ello agravaría el caso.

El juez citará 0 consultará con toda probabilidad a mandos del Cesid sobre la importancia de los documentos hallados y sobre su carácter, ya que, si fuera material clasificado, se complicaría notablemente la responsabilidad de sus poseedores. Son varias las hipótesis que se barajan sobre la inquietante posesión por parte de miembros de esta trama de escuchas de documentos elaborados por el Cesid sobre ETA o sobre el narcotráfico, entre otros temas.Una de ellas, la más verosímil, es que el coronel del servicio de inteligencia militar Fernando Rodríguez González, al abandonar el Cesid (conocido en el argot como La casa), se llevara consigo material al que tuvo acceso por su privilegiado puesto lo que supondría una grave violación de su deber de custodia de tales documentos. La segunda hipótesis, es que Miguel Ruiz Martínez, El Lobo, o Manuel María Sánchez, ex miembro de La casa, recibieran la documentación a título personal merced a las fluidas relaciones que mantuvo en todo tiempo con funcionarios del servicio secreto militar.

La tercera de las hipótesis es que se produjera un intercambio de informes entre la trama y funcionarios del Cesid en activo. Al margen de la vía de acceso a ese material, que sería improbable que no figurara bajo el rótulo de "confidencial" o "secreto" que llegan a aparecer en inocuos balances anuales del Cesid, parece fuera de toda duda el riesgo que supone que tales informes se hallaran en manos de una red que solía poner precio a toda mercancía, por delicada que fuera.

Entre las cintas telefónicas intervenidas en los registros ninguna guarda relación con el probado espionaje y control de las comunicaciones telefónicas a Javier Godó. Esto apunta, nuevamente, varias hipótesis: primera, la red controló las conversaciones del presidente-editor de La Vanguardia -de ello hay evidencias-, pero no las grabó; segunda, sí se grabaron las comunicaciones, pero esas cintas permanecen en un lugar oculto, y tercera, las casetes grabadas a Godó han sido ya vendidas, aunque presumiblemente la red, en este último supuesto, se habría guardado copias por seguridad y para ulteriores reventas.

Las 100 horas de grabación que contienen las cintas todavía no han sido examinadas a fondo por el juez, que también se ve obligado a leer todos y cada uno de los documentos intervenidos. Hasta hoy, sólo hay constancia material de conversaciones grabadas a los ex directivos de La Vanguardia Albert Garrofé y Carlos Fajardo, a Rafael Jiménez de Parga y a un periodista.

Un fleco menos relevante de esta trama es la presunta implicación de dos policías de Zamora que suministraron datos a la red: el inspector Ildefonso Rojo Miguel y el funcionario básico Agapito Félix Cepriá Gajate, cuñado de Miguel Ruiz Martínez. El juez, conocedor desde hace semanas de su presunta implicación, no les ha tomado aún declaración, aunque sí la policía. Su responsabiliad podría acabar con una mera sanción por la Direccién de la Policía, que aún no les ha abierto expediente.