Un juez libera por detención "arbitraria" a un marroquí que Interior ordenó expulsar

Ramon Sáez Valcárcel, juez de Instrucción número 38 de Madrid, ha puesto en libertad a un marroquí que fue detenido para su expulsión de España por acuerdo del secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, en aplicación de la ley de Extranjería. El magistrado considera la detención "arbitraria, porque no es necesaria". Recuerda que el Constitucional anuló el precepto que pretendía suprimir la suspensión de las resoluciones administrativas y estima que la actuación gubernativa supone la vigencia de hecho" del mismo.La detención se hizo al amparo de los preceptos que permiten la expulsión de extranjeros por estancia ilegal o carecer de medios de vida. La resolución judicial explica que tal medida "exige la presencia de dos requisitos que justifiquen su adopción: su razonabilidad jurídica y su necesidad". Cree que no se da ninguno.Sáez conocío el asunto el pasado día 8, mediante un habeas corpus [procedimiento judicial para controlar la regularidad de una detención] presentado por la novia de Mohamed Bizine, María del Carmen Fernández, con quien tiene previsto casarse el próximo 24.

El juez supo que Bizine lleva dos años en España, con residencia en la casa de una prima española y con permiso de residencia solicitado y denegado, decisión que tiene recurrida ante el Tribunal Superior de, Justicia de Madrid. En aplicación de una orden de expulsión y prohibición de entrada durante tres años, tomada por Vera, Bizine fue detenido el 7 de noviembre.

La víspera de su expulsión, Bizine fue liberado por el juez Sáez, quien recordó que el Constitucional ha declarado que la detención de un extranjero "ha de respetar el bloque de competencia judicial existente en materia de libertad individual, incluyendo el derecho de habeas corpus". Señala que la privación de la libertad "ha de interpretarse de manera restrictiva", así como que "deben valorarse las circunstancias para llegar a la conclusión de que resulta imprescindible".

El magistrado indica que "la autoridad gubernativa tiene otras facultades menos gravosas para la libertad de los ciudadanos y que pueden servir para garantizar la decisión administrativa", entre ellas la presentación periódica. Y estima infringido el principio de proporcionalidad, ya que Bizine "tiene domicilio conocido por la policía", por lo que no era probable que huyera.