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¿Yeltsin dictador?

Las medidas de excepción tomadas por Yeltsin tras la algarada nacional-comunista del 3 de octubre han vuelto a suscitar fundados temores acerca de las tendencias autoritarias del presidente ruso. Sin embargo, el carácter necesariamente pasional del actual debate político sobre Rusia aconseja un examen cuidadoso de los datos de que disponemos sobre la trayectoria política de Yeltsin y de su Gobierno para configurar una opinión informada al respecto.La biografía y la personalidad de Yeltsin indican una predisposición al autoritarismo. Yeltsin, al igual que Gorbachov, hizo su carrera política en el aparato comunista y se formó en la dura experiencia de las despiadadas luchas de poder en el seno de dicho aparato. Es hombre astuto, de modales toscos y de gran instinto político, pero carece de visión estratégica, carencia que compensa con decisiones súbitas aplicadas con extrema determinación cuando la coyuntura política plantea los problemas en términos críticos. Sus colaboradores me han comentado en diversas ocasiones que el comportamiento típico de Yeltsin consiste en alternar largos periodos de búsqueda de compromiso político, e incluso de pasividad, con momentos intensos en los que zanja personalmente los temas más espinosos y ordena la puesta en práctica inmediata de sus decisiones en términos estrictos.

Por otro lado, la trayectoria política de Yeltsin a lo largo de la perestroika explica por qué sigue siendo, incluso en los sondeos realizados tras la disolución del Parlamento, el líder más popular del país, y por qué la gran mayoría de los demócratas rusos lo han apoyado, más o menos críticamente, en los últimos cinco años. Nombrado secretario del comité de Moscú del PCUS, fue el primer y último responsable político que intentó limpiar el Ayuntamiento de la capital de sus conexiones con la mafia, lo que le valió la inquina personal de los dirigentes comunistas, motivando su expulsión del comité central en 1987.

A partir de ese momento, se erigió en símbolo visible de la oposición a la continuidad del poder comunista en cada elección en que participó. El 12 de junio de 1991 se convirtió en el primer jefe de Estado de la historia rusa elegido democráticamente. Su intransigente y casi suicida defensa de la democracia frente al golpe comunista de agosto de 1991 fue el factor decisivo que hizo fracasar dicho golpe, evitando así un proceso involucionista que hubiera tenido gravísimas consecuencias para la Unión Soviética y para el mundo. En los meses que siguieron, entendió que Rusia no podía mantener el control de las otras repúblicas soviéticas sin recurrir a la fuerza, tomando (no sin reparos en su propio entorno) la decisión histórica de acabar con el imperio soviético y buscar un acomodo entre las diferentes repúblicas basado en la asociación y en los intereses económicos comunes. En el plano interno de Rusia, en los dos años que siguieron al golpe de 1991 se establecieron y respetaron las libertades de prensa y asociación, y la represión política fue prácticamente inexistente, hasta el punto de que incluso los dirigentes golpistas del 91 están en libertad, sin fecha para su juicio. Así pues, en términos de su práctica política, por muy malos modales que tenga en su estilo de gobierno (empezando por su injusta humillación de Gorbachov tras liberarlo de sus captores en 1991), Yeltsin actuó en demócrata, al menos hasta la crisis de 1993.

Su enfrentamiento con e Parlamento heredado de la antigua Unión Soviética (y por tanto sin legitimidad democrática, al no existir libertad de partidos políticos en el momento de su constitución) se debe fundamentalmente al bloqueo de las reformas económicas por parte de diputados que, en su mayoría, repesentaban los intereses de la antigua burocracia política y de las empresas estatales amenazadas en su supervivencia por la prueba de fuego de la economía de mercado. Asimismo, el Parlamento, bajo la influencia de nacionalistas radicales como Rutskói, manifestó su hostilidad a la política exterior prooccidental de Yeltsin, y en particular al acuerdo de desarme con Estados Unidos. Aunque, como es sabido, Rutskói y Jasbulátov fueron en un principio colaboradores de Yeltsin, desde marzo de 1992 se opusieron a su política porque Yeltsin no se apoyó en ellos, sino que apostó por un equipo de gobierno de tecnócratas y políticos reformistas de nuevo cuño, liderados por Gaidar y Burbulis, partidarios de una clara ruptura con el antiguo régimen. El bloqueo político resultante fue reforzado por un Tribunal Constitucional, creado por el propio Yeltsin en 1991, que insistió en aplicar una Constitución rusa del periodo soviético que no podía resolver los conflictos creados en la situación política poscomunista y cuyo presidente, Zorkin, tomó partido abierto por Jasbulátov, abandonando su neutralidad como magistrado.

La parálisis política condujo al caos económico, en particular porque el Banco Central estaba bajo control del Parlamento, esbozando así un proceso de desintegración similar al que sufrió la perestroika de Gorbachov. Yeltsin trató de romper el bloqueo político recurriendo a las urnas: el referéndum del 15 de abril de 1993 dio la confianza popular al presidente para abrir un proceso constituyente. Pero la negativa del Parlamento a aceptar el veredicto de las urnas agravó todavía más la situación, en lo político, en lo social y en lo económico, llevando a Rusia al borde de la desintegración. Tales fueron las circunstancias que motivaron la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones en plazo inmediato, como forma de resolver el conflicto y establecer nuevas instituciones sobre la base de elecciones democráticas en todos los niveles del Estado.

Los trágicos acontecimientos de octubre resultaron de la reacción desesperada del sector parlamentario más intransigente, agrupado en torno a Rutskói y Jasbulátov, y de su irresponsable alianza con los sectores ultras comunistas y nacionalistas. Pero hay que recordar que la violencia desatada por dichos sectores no fue un desbordamiento incontrolado, sino un intento golpista que estuvo mucho más cerca del éxito de lo que se cree. El domingo 3 de octubre, Rutskói ordenó públicamente a sus tropas de choque desde el balcón del Parlamento atacar las oficinas de la alcaldía, los estudios de televisión y, en fin, el Kremlin. El asalto a la televisión por grupos paramilitares con ametralladoras y lanzacohetes, organizados y dirigidos por el ultra general Makashov, fue el episodio álgido de una intentona golpista que hubiera podido triunfar si el Ejército, temeroso del riesgo de dividirse si continuaba la insurrección, no hubiese decidido intervenir en una reunión que tuvo lugar a las dos de la madrugada del lunes, cuando las calles de Moscú estaban ya fuera del control del Gobierno.

En las duras medidas tomadas por Yeltsin tras la intervención del Ejército contra el Parlamento se mezclan tres elementos. El primero, la represión a los grupos y personas directamente implicados en un asalto armado al poder presidencial, el único hoy por hoy legitimado en las urnas. Recordemos que los diputados y ocupantes del Parlamento que no tuvieron un papel activo en la insurrección fueron puestos en libertad. La extensión de dicha represión ha conducido a la prohibición del partido comunista ruso de Zyuganov, el principal heredero del PCUS. Tal decisión parece motivada por la convicción en el entorno de Yeltsin de que la trama golpista tiene raíces profundas en una estrategia de desestabilización de los todavía influyentes comunistas que no han renunciado a recuperar el poder por cualquier medio. En segundo lugar, las reacciones autoritarias de control de los medios de comunicación parecen exageradas, inútiles y hasta contraproducentes, si bien la censura a los medios no golpistas fue levantada al cabo de tres días. El tercer elemento, el de mayor trascendencia, es la diso-

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Manuel Castells es autor de La nueva revolución rusa.

¿Yeltsin dicitador?

Viene de la página anteriorlución por decreto o por persuasión, del Parlamento, de varias administraciones provinciales, de los parlamentos regionales y de algunas instituciones como el Tribunal Constitucional. Este último aspecto es el más preocupante porque deja a Yeltsin como único detentor de un poder incontrolado hasta que tengan lugar nuevas elecciones. Sin embargo, debe recordarse que tan sólo siete de las 88 administraciones territoriales de la Federación Rusa han surgido de procesos electorales democráticos y que, en su conjunto, los actuales órganos políticos en las regiones y repúblicas autónomas son todavía expresión de los grupos de poder ligados al antiguo régimen soviético, que maniobraron para permanecer en las estructuras administrativas valiéndose de la ausencia de control democrático. Parece claro que, al igual que en el otoño de 1991, Yeltsin quiere aprovechar la derrota política y militar de dichos sectores piara hacer tabla rasa de la herencia comunista e iniciar, por fin, un proceso político constituyente sin el cual Rusia no podrá gestionar los gigantescos problemas derivados de su transformación económica y social.

En último término, y pese a algunos abusos, las medidas de excepción adoptadas por Yeltsin parecen ser necesarias para reconstruir el sistema institucional ruso y asentar definitivamente las libertades democráticas y la economía de mercado sin el sabotaje diario al que venían siendo sometidas las políticas reformistas por parte de los miembros de la nomenklatura que permanecían en sus puestos, sabotaje que pude constatar personalmente en mis investigaciones en diversas regiones rusas, por ejemplo en la zona petrolífera de Tyumen. Por ello, el verdadero criterio para juzgar el carácter democrático de la presidencia de Yeltsin es el de los plazos y condiciones de las elecciones legislativas, provinciales y presidenciales y el estricto respeto de los resultados de las mismas. Y aquí es donde puede encontrarse el punto débil de la incipiente democracia rusa: la ausencia de verdaderos partidos políticos, la falta de vínculos efectivos entre los dirigentes y la opinión pública, la inexistencia de una práctica de debate político que acepte un marco institucional común, es decir, el acuerdo básico sobre las reglas del juego. En el momento en el que en Europa occidental los partidos políticos son frecuentemente denostados, la experiencia rusa demuestra que la historia reciente no ofrece verdadera alternativa al sistema de partidos como forma de ejercicio de la democracia.

Pero también en este sentido las próximas elecciones pueden ser el mecanismo decisivo de construcción democrática en Rusia: los verdaderos partidos democráticos se forman, se consolidan o se desintegran en el proceso electoral, en contraste con la conciencia y la opinión de los ciudadanos. Si las medidas tomadas por Yeltsin, aun con los excesos que se cometen en todo estado de excepción, permiten la renovación política de todos los órganos de poder en Rusia, incluida la presidencia, así como el desarrollo de un proceso constituyente, podríamos estar asistiendo a la formación de la nueva democracia rusa. Parece difícil que, teniendo en cuenta la falta de tradición democrática en Rusia, la escasa vertebración de la sociedad civil, las extremas tensiones sociales, la amenaza latente del separatismo regional y el enorme poder con el que todavía cuentan los intereses del antiguo régimen en todos los ámbitos de ese inmenso país, la creación de instituciones democráticas y la costosa transición a la economía de mercado puedan conducirse ordenadamente sin un poder central fuerte. La cuestión que sigue planteada es la de saber si la convicción democrática de los detentores de ese poder será suficiente para establecer los mecanismos de su propio control en las nuevas instituciones del Estado poscomunista que sólo ahora se están gestando.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 16 de octubre de 1993.

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