1993. Una encrucijada para el empleo

Un fantasma bicéfalo se cierne sobre Europa: el fantasma del desempleo y de la pérdida de competitividad. Y la Comisión Europea y el Banco de Pagos Internacionales, la OCDE y los distintos gobiernos, presas de una creciente ansiedad que no hace sino reflejar la alarma social y política, se han conjurado para atajarle el paso.Aparentemente, todo conduce a la misma conclusión: la pérdida de competitividad de los países occidentales frente a Japón, y de toda la OCDE frente a los países en desarrollo, fundamentalmente el Sudeste Asiático, se debe a los costes la borales excesivos (salariales y sociales) a las rigideces que impone el exceso de normativa laboral y a la falta de movilidad geográfica. Por eso, mientras los adelantos tecnológicos fuerzan la sustitución progresiva de trabajadores por bienes de equipo, la libertad de movimientos de capitales, el avance en las telecomunicaciones y la creación de un mercado global están propiciando la transferencia de la industria a países con costes laborales más bajos y con mercados en expansión.

¿Hasta qué punto este diagnóstico es correcto? La experiencia anglosajona enseña que con una baja regulación del mercado laboral se crean fácilmente puestos de trabajo en el sector servicios, que, mal pagados y de escasa cualificación, no estimulan el retorno al trabajo de los varones anteriormente ocupados, lo que incrementa considerablemente el empleo femenino. Por ejemplo, en el Reino Unido, durante los años ochenta se ha incrementado en 6,7 puntos porcentuales la proporción de mujeres en edad laboral que disfrutan de un empleo (el empleo masculino en el mismo periodo cayó 2,6 puntos porcentuales).

La facilidad para despedir tiene el inconveniente de que en periodos de recesión el desempleo aumenta mucho más rápidamente y la ventaja de que con la llegada de la recuperación económica el empleo crece tamién con mayor rapidez. Pero sto tiene sus contraejemplos; n Estados Unidos, a pesar de os dos años de recuperación económica, el crecimiento del empleo está siendo muy lento. Allí, los salarios reales para el 0% de los trabajadores peor pagados cayeron un 33% desde 1970. Formulado en palabras de un documento provisional de la OCDE, "el problema, en la CE, se manifiesta así de forma diferente: en lugar de ser pobres que trabajan, los trabajadores sin cualificación están en el paro".

El debate en torno al mercado de trabajo está estrechamente ligado al del mantenimiento o no del estado de bienestar. Los elevados déficits presupuestarios acumulados en los últimos años en Europa, están provocando el que todos los gobiernos descarten la aplicación de medidas contracíclicas de aumento del gasto, mientras la OCIDE afirma que la utilización de los mecanismos monetarios o fiscales no representaría un solución en este momento, y que el incremento de la actividad económica no reducirá el desempleo a niveles más tolerables.

Sin embargo, Franco Modigliani señala los elevados tipos de interés como la causa principal del incremento del desempleo en la Comunidad Europea.

Para el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, "las causas fundamentales del desempleo no han sido claramente identificadas, pero parecen incluir los elevados salarios mínimos". Y para Zygmunt Tyszkiewicz, director de UNICE, la Corporación Europea de Empresarios: "Es una gran simplificación el echar la culpa de los problemas de competitividad al capítulo social y a las rigideces del mercado laboral. Puede que ni siquiera sea la parte más importante del problema".

No existe una demostración concluyente de que los países que en los ochenta han seguido las recomendaciones de la OCDE en cuanto a flexibilidad del mercado laboral hayan reducido fuertemente su nivel de desempleo.

En medio de la desorientación provocada por un fenómeno que se comprende mal, se han hecho propuestas más o menos heterodoxas, que van desde el fomento de la prestación de servicios personales al reparto del tiempo de trabajo o reducción de la jornada laboral. El debate ha alcanzado su máxima expresión en Francia, donde la antigua ministra de Trabajo, Martine Aubry, diseñó un plan de reparto del tiempo de trabajo y donde, en no menos de 30 empresas, se ha llegado a acuerdos de este tipo. El alcance general de la medida trasciende con mucho los límites del sistema político actual, pues un programa de reparto del tiempo de trabajo que afecte a toda la sociedad equivale a la sustitución del mercado laboral por la planificación. Lo que es decir tanto como un cambio de sistema político.

Ante la competencia de Japón y el sureste asiático se habla de "dumping social". Giscard d'Estaing afirma incluso que "el final del siglo será de color amarillo". Aunque sea de poco consuelo para los sectores más amenazados (textil, carbón o acero) da la impresión de que se está exagerando: el déficit de la balanza por cuenta corriente de la CE frente al resto del mundo representa algo menos del 1% de su producto interior bruto (PIB) global, las relaciones comerciales con los países del sureste asiático son muy reducidas y en el periodo 81-91 las exportaciones a estos países crecieron al 8.6% anual, más rápidamente que a cualquier otro mercado.

Quizá una manera de generar actividad y empleo en un país sea, contrariamente a lo que aparenta, el impulso de la inversión en el exterior. De hecho, hoy esto se revela casi como una precondición del comercio ya que una buena parte del comercio internacional tiene ahora lugar dentro de los grupos empresariales multinacionales.

Al final, se trata, como afirmaba en la cumbre de Copenhague el ministro danés de Asuntos Exteriores, Niels Helveg Peterson, de decidir qué tipo de sociedad es la que queremos, una que proteja a los que golpea la pobreza, la enfermedad, el desempleo o la vejez, u otra que incremente las "tasas de criminalidad y la desesperanza en muchas zonas urbanas".

Mientras, resuena la voz del viejo profeta: "Un desarrollo de las fuerzas productivas que disminuyese el número absoluto de obreros, es decir, que permitiese en realidad a toda la nación llevar a cabo su producción total en un plazo de tiempo más reducido, provocaría una revolución, pues pondría fuera de combate a la mayoría de la población".

Juan Ignacio Crespo Carrillo es director general de Corporación Financiera.