Expulsado de Guinea Ecuatorial un sacerdote español por una homilía ofensiva para el régimen

La expulsión de un sacerdote, Agustín Fernández, e insultantes advertencias contra las supuestas actividades desestabilizadores de España, es la respuesta con la que el Gobierno de Guinea Ecuatorial encajó elsábado la firme intención de Madrid de defender las vidas, integridad física y haciendas de los súbditos españoles" en la ex colonia africana. Para Malabo, esta declaración, hecha pública el jueves, es un "pretexto" de España para "justificar injerencias" y amenazar "la integridad territorial" guineana, puesto que, en su opinión, "no existen importantes intereses económicos de España" en el país y los cooperantes "están de brazos caídos en la Embajada del Reino de España en Malabo".

Agustín Hemández, de la orden de los salesianos residía en Guinea Ecuatorial desde hace más de diez años. En la actualidad era administrador diocesano en Malabo. El sábado se disponía a pasar los controles de aduana del aeropuerto de Malabo para tomar el vuelo semanal hacia Madrid cuando el policía guineano que supervisaba su pasaporte le sorprendió con la anulación de su visado indefinido y el anuncio de que no iba a poder volver a Malabo. Para justificar la acción, el policía acusó a Fernández de haber pronunciado una homilía ofensiva para el Gobierno del presidente Teodoro Obiang.La expulsión del sacerdote es la última de una larga serie de represalias e incidentes contra miembros de la colonia española en Guinea Ecuatorial. Las últimas víctimas fueron, a mediados de agosto, el médico Luis Costart, y el empresario Antonio Núñez Torres. Ambos fueron detenidos y expulsados. En el caso de Costart, las autoridades guineanas han permitido oficialmente su regreso al país pero en la práctica han impuesto tales impedimentos burocráticos que el médico sigue en España.

Estas salidas de tono contra España han coincidido con un recrudecimiento de las represalias contra las fuerzas políticas, que exigen la celebración de elecciones democráticas y que, según volvió a reiterar el sábado el Gobierno de Malabo, "han actuado bajo la dirección y asesoramiento del Gobierno y ciertos círculos políticos españoles" a los que acusa de "comulgar con la apología de la violencia de ciertos partidos políticos de la oposición" guineana.

Esta nueva acusación es una respuesta al comunicado con que el ministerio de Exteriores español condenó, el jueves, las continuas violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades guineanas y advirtió, con una especial mención a los cooperantes, que "no tolerará que las vidas, integridad física y haciendas de los súbditos españoles se vean amenazadas".

Para Malabo este comunicado revela el deseo de España "de inmiscuirse en los asuntos internos de Guinea Ecuatorial y su deseo de cambiar el Gobierno en el poder mediante mecanismos anticostitucionales". Por ello, pide a España que se abstenga de "organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas encaminadas a cambiar por la violencia al régimen de Guinea Ecuatorial.

El ministerio de Exteriores de Madrid califica de "surrealista" este nuevo gesto de arrogancia de Malabo y sus descalificadoras consideraciones hacia la presencia española.

En efecto, según Malabo los intereses económicos de España no tienen "incidencia sustancial en la economía nacional" y los 400 cooperantes que llevan el peso de las áreas de sanidad y educación, desatendidas por el Gobierno, "están de brazos caídos en la embajada" del Reino de España".