Sobre ascuas

El 25 de marzo de 1992 medio millar de mineros, la quinta parte de la plantilla de Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), entraba en Madrid después de recorrer a pie 500 kilómetros en defensa de sus puestos de trabajo. Durante 18 días, los mineros del valle leonés de Laciana recogieron los apoyos del pueblo llano y lograron arrancar de las administraciones públicas un compromiso de futuro.Desde entonces hasta hoy ha transcurrido un año y cinco meses. En este tiempo se ha producido el cambio de Gobierno y de la dirección de la propia empresa. A esto se unen graves problemas en los suministros de materiales mineros y lo más importante: la quiebra de la compañía, declarada el pasado mes por un juzgado madrileño a instancias de Caja Asturias, uno de los 351 acreedores de la sociedad.

No obstante, el Gobierno mantiene sus compromisos, lo que ha propiciado hasta este momento el cobro de los salarios de los 2.600 trabajadores de la plantilla y la promesa de que se aplicará el plan de viabilidad hasta 1997.

La sorprendente declaración de quiebra con continuidad de la explotación es una situación especial y anómala, cuando las negociaciones en el último año de las partes implicadas habían girado en torno a una hipotética suspensión de pagos de una compañía con 3.000 millones de gastos financieros al año y la condonación del 80% de la deuda.

Esta situación abre varias vías alternativas para lograr un futuro para los yacimientos mineros. Todas ellas con múltiples pegas para trabajadores, accionistas y acreedores ya que MSP tiene 31.509 millones de deudas. El comisario de la quiebra, Francisco Prada, baraja un convenio de acreedores o la subasta judicial en bloque de la sociedad y el traspaso de la actividad extractiva a una empresa de nueva creación.

El interés de Prada en mostrar que esta segunda solución será la más factible podría obligar al accionariado actual de MSP (la mayoría cerca nos a Benito y Monjardín) a dar paso a nuevos inversores con una ampliación de capital de 2.000 millones de pesetas. A la cabeza de los grupos de inversores con más posibilidades se sitúan Luis Vega, el mayor accionista minoritario de MSP; Manuel Viloria, un sólido empresario minero leonés con una seria trayectoria en el sector y Victorino Alonso, persona que ostenta el mayor cupo de carbón en las centrales térmicas del norte del país.

Plan de viabilidad

Todos ellos exigirían el control de la sociedad. La actual situación de MSP no puede aguantar más de cuatro meses, según Prada, el nuevo gestor de la sociedad y el convenio de acreedores no se firmaría antes del próximo año. Los sindicatos de MSP y en particular Comisiones Obreras, mayoría en el comité de empresa, son partidarios de la aplicación urgente del plan de viabilidad y la entrada de, un balón de oxígeno en la empresa actual ya que la disolución de la compañía llevaría consigo la posible pérdida de los logros sociales y quizá un cuestionamiento de las ayudas públicas ofertadas.

La Administración central se ha comprometido a dar a MSP 9.700 millones de pesetas, 1.800 millones para costear 160 jubilaciones anticipadas. La Junta de Castilla y León (PP) entregará 4.500 millones. No obstante, en caso de que se creara una nueva sociedad minera, las fuerzas sindicales exigirán la intervención directa del Gobierno en su gestión; algo ensayado años atrás en las reivindicaciones del sector: la nacionalización de la compañía en minúsculas. La Administración es el mayor acreedor de MSP en la actualidad (18.420 millones de pesetas). Al BEX y a varios bancos privados y cajas de ahorro se les adeuda en conjunto 9.300 millones de pesetas y a 339 pequeños acreedores, 3.820 millones de pesetas.

Los trabajadores de MSP son los únicos que han cumplido hasta ahora las promesas y, sin pretenderlo en especial, son la avanzadilla del pacto social querido por muchos. El incremento salarial para 1993 es cero y el próximo ano será del 50% del índice de precios al consumo (IPC) previsto.

Todo en base a un plan estratégico que contempla el mantenimiento de 2.500 trabajadores de los 2.600 de la plantilla, la creación de 160 nuevos empleos, una disminución del absentismo laboral y una producción de 1,5 millones de toneladas de carbón vendibles. Sobre el papel, la empresa tendría beneficios a partir de 1996.

La empresa, que fundara el conde de los Gaitanes al filo de los años veinte, cerró el balance de 1992 con pérdidas cercanas a los 6.000 millones. La Minero Siderúrgica de Ponferrada había iniciado su descapitalización en una carrera sin obstáculos con la venta de dos millones de metros cuadrados de terreno en el casco urbano de Ponferrada por un importe que algunos empresarios de la construcción de la zona califican de simbólico: 2.800 millones de pesetas.