Italia revisa la detención preventiva tras la muerte de Cagliari en la cárcel

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados italiana aprobó el martes un proyecto de ley para limitar la detención preventiva a los indagados que hayan sido ya condenados por el mismo delito investigado actualmente. También el Gobierno, a través de su ministro de Justicia, Giovanni Conso, ha prometido "estudiar el tema", aunque sus conclusiones esperarán a los resultados de la investigación que ha encargado acerca de cómo la magistratura de Milán gestionó la detención de Gabriele Cagliari, el ex presidente del ente petrolero italiano (ENI) que presuntamente se suicidó en su celda, tras cumplir 133 días de cárcel.

La hipótesis del suicidio cobró más cuerpo ayer cuando la autopsia confirmó que Cagliari murió asfixiado. No obstante, la polémica del caso Cagliari se acentuaba con más emotividad que racionalidad sobre la exigencia de igualdad jurídica que debe caracterizar a todo Estado de derecho.Los jueces, héroes hasta pocas horas antes de la renovación de un país para el que la corrupción política ha representado un coste de "decenas de billones de liras", según afirmó el mismo martes Antonio Fazio, director de la Banca de Italia, aparecían expuestos ante la opinión pública como auténticos adalides de un supuesto régimen a la búlgara que se estaría implantando en Italia a golpe de sumario.

Y ése era precisamente el efecto deseado por el presunto suicida, el ingeniero Cagliari, puesto en 1989 por su amigo Bettino Craxi, el ex líder socialista, al frente del Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), máximo organismo generador de comisiones ilegales para la clase política. "El suicidio de mi padre tiene el significado de un gesto extremo de rebelión. Los jueces quisieron humillarlo y él rechazó el chantaje", decía ayer en una entrevista Stefano Cagliari, hijo del difunto.

El propio Cagliari explicó así sus sentimientos en una carta, fechada el pasado 3 de julio, que dirigió a Bruna, la esposa a la que no quiso recibir durante su encarcelamiento para que no le viera en una situación indigna: "Estoy aquí desde hace más de cuatro meses, detenido ilegalmente. No hay ningún peligro de que vuelva a realizar los actos que se me reprochan, ni de que pueda destruir las pruebas relativas a los mismos, ya que he perdido todo poder de hacer o decidir, y no tengo documentos que puedan ser alterados".

El objetivo de los jueces

"El objetivo de estos magistrados, de los de la Audiencia de Milán especialmente, es obligarnos a cada uno de nosotros a romper definitiva e irrevocablemente con lo que ellos llaman 'nuestro ambiente'", prosigue. "Cada uno de nosotros, con la dignidad ya comprometida a los ojos de la opinión pública por el solo hecho de estar investigado o, peor aún, detenido, debe adoptar una actitud de 'colaboración' hecha de traiciones y delaciones (...) convirtiéndose en lo que ellos mismos llaman 'un infame'. Según estos magistrados, a cada uno de nosotros debe serle prohibido un futuro y, por tanto, la vida incluso en lo que ellos llaman 'nuestro ambiente'". "Por ello", concluye Cagliari, "no es posible aceptar su juicio, sea cual sea. Están destruyendo las bases de fondo y la cultura misma del derecho. Están recorriendo la vía que lleva a su Estado autoritario. Yo no quiero conocerlo".Fabio de Pasquale, el fiscal que se opuso a la sexta petición de libertad presentada por Cagliari, insiste, en que el principal implicado en el caso que él investiga -se trata de una comisión ilegal de casi 1.000 millones de pesetas- está huido y que subsistía el peligro de destrucción de las pruebas.

En el nivel político, el debate se centra en el término "piedad" lanzado por Gianfranco Miglio para destrozarlo. "No hay ningún motivo para la piedad ni para la caridad cristiana. La política es un juego mortal", dijo el ideólogo de la Liga Norte. Mino Martinazzoli, el secretario de la Democracia Cristiana (DC), informó, por su parte, de que "a la DC llegan fax anónimos en los que nos piden que nos suicidemos todos".

Sólo la Liga y el Partido Democrático de Izquierda combatieron la reforma de la detención preventiva en la Comisión de Justicia de la Cámara que, de estar en vigor, habría impedido el 95% de las detenciones practicadas durante la investigación Manos Limpias.

[La justicia italiana pidió ayer el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de tres diputados, entre ellos el ex ministro socialista de Defensa Salvo Ando, informa France Presse. La comisión de suplicatorios del Senado recomendó idéntica medida contra el ex ministro del Interior Antonio Gava, acusado por los jueces de Nápoles de "asociación mafiosa", informa Reuter.]