El ex jefe del Parlamento francés será juzgado por tráfico de influencias
Henri Emmanuelli, ex presidente socialista de la Asamblea Nacional, que será juzgado por el presunto delito de tráfico de influencias por el tribunal correccional de Saint-Brieuc, renunció ayer a su escaño. Otros 17 implicados en el escándalo de la financiación ilegal del Partido Socialista (PS) se sentarán con él en el banquillo de los acusados por decisión del Tribunal de Apelación de Rennes.
El juicio, cuya fecha no está fijada, será el del capítulo más negro de la historia del socialismo francés: su financiación en los años ochenta a través de fantasmales sociedades de estudios especializadas en la elaboración de facturas falsas. Dirigida por el muy estricto Michel Rocard, la actual reconstrucción del PS tiene entre sus objetivos poner punto final a esas prácticas, que costaron a los socialistas la pérdida de buena parte del electorado de izquierdas.Rocard anuló ayer la reunión que debía celebrar con la cúpula del Movimiento de los Radicales de Izquierda (MRG). El presidente del PS no quiso ser visto en compañía de Bernard Tapie, convertido desde hace unas semanas en el líder de esa pequeña formación tradicionalmente aliada al PS. Tapie es un apestado desde el punto de vista político a causa del escándalo de la compra de un partido de fútbol protagonizado por el Olímpico de Marsella, el club que él preside. Indignado por la actitud de Rocard, el MRG anunció la ruptura de sus relaciones con el PS.
Pero el PS todavía tiene que pagar el precio de sus pasados pecados. El tribunal de Rennes dio ayer la razón al juez de instrucción que, el pasado año, procesó a Emmanuelli por tráfico de influencias. Ese tribunal ordenó el juicio del ex presidente de la Asamblea Nacional que a tenor del artículo 178 del Código Penal puede ser condenado a una pena de entre uno y cinco años de prisión- y de otras 17 personas. Entre ellas se encuentran varios alcaldes y concejales y, sobre todo, Gerard Monate, el ex presidente de Urba, la sociedad creada por el PS para recolectar dinero negro entre las empresas que deseaban hacer tratos con los ayuntamientos socialistas.
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