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La RAI reduce el número de consejeros para garantizar su independencia

El número de miembros del Consejo de Administración de la Radiotelevisión Italiana (RAI) se redujo ayer de 16 a 5, como consecuencia de una reforma urgente aprobada el jueves por el Parlamento con el objetivo básico de garantizar que, en lo sucesivo, la televisión de Estado italiana será independiente de los partidos políticos. A pesar de que normas concretas refuerzan esa orientación de unas medidas que no se limitan a la reducción de los consejeros, la ley no convence a todos.

Comunistas, neofascistas e incluso los liberales, que forman parte del Gobierno, unieron sus votos a los de la Liga Norte contra una reforma legal que, en su opinión, sólo servirá para que la RAI, con sus tres cadenas concebidas para servir precisamente a los intereses de democristianos, socialistas y comunistas, siga siendo la televisión pública más sometida a los partidos.La nueva ley de la televisión estatal presenta, sin embargo, algunos recursos para terminar con una dependencia partidista, que ha hecho crisis en el contexto de todo el sistema político italiano. Entre las motivaciones de la nueva ley está, en efecto, el reconocimiento explícito de que los partidos habían ocupado un espacio que no les correspondía.

En la RAI de la última década, y esto vale tanto para la radio estatal como para la televisión, ya que ambas responden al mismo esquema organizativo tripartito, los periodistas han solido tener carné del partido que controlaba la emisora. El peso de la política se ha dejado sentir también sobre el tono de la información, el protagonismo de las noticias y las apariciones de parlamentarios y ministros. Por lo general, cada una de las tres cadenas ha tendido a favorecer la presencia de los partidos que las ha controlado.

Las denuncias de esa situación comenzaron a ser asumidas por algunos de los periodistas que trabajan en los informativos aproximadamente hace ocho meses, cuando las críticas a la partitocracia habían subido de tono en la misma medida en que habían avanzado las investigaciones sobre la corrupción relacionada con la financiación ilegal de los partidos. Tales protestas de los profesionales suscitaron, por ejemplo, el relevo del director de informativos de la RAI Uno.

Más allá de la reducción del número de consejeros, que, en opinión de los críticos, simplificará más que nada los eventuales intentos de controlar el consejo, está el cambio del sistema de elección de éstos. Antes eran nombrados por la comisión parlamentaria de vigilancia de la televisión, y eran, por tanto, una emanación directa del sistema de partidos. Ahora serán designados por los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.

Incompatibles

El cargo de consejero será, por otra parte, incompatible con el de parlamentario y alcalde, así como con la "titularidad" de intereses económicos o laborales en empresas relacionadas en el sector televisivo. Otra novedad es que el mandato de consejero no podrá prolongarse por más de dos ejercicios.Este consejo de administración, que orientativamente deberá ser integrado por académicos u otros intelectuales de prestigio, pasa a ser el órgano supremo de la RAI a todos los efectos. Los cinco consejeros elegirán al presidente, pero también al director general, que en la reglamentación antigua era designado directamente por el presidente del Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), el gran holding empresarial del Estado que es el accionista mayoritario de la RAI. Siendo su presidente tradicionalmente un democristiano, se explica que también hayan tenido esa militancia los sucesivos directores de la televisión pública.

Como ejecutivo por antonomasia, el director general, responsable de la coherencia entre la línea editorial de las emisoras y la marcada por el consejo, de la programación en general, de la contratación y promoción del personal, será el garante efectivo de la independecia del ente. De ahí que su personalidad, que probablemente será dada a conocer el lunes, sea esperada como la prueba de fuego de la operatividad del nuevo ente. Si el nuevo director sigue siendo alguien ligado a la vieja política de los partidos, las protestas se harán oír.

Por otra parte, la ley tiende a aproximar el estatuto de la televisión pública al de las privadas y, en ese sentido, se establece que se equiparen los cánones de concesión que pagan respectivamente. El de la RAI es hoy mucho mayor que el que paga la Fininvest.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 26 de junio de 1993

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