El Poder Judicial no estima irregular que cuatro economistas acaparen las suspensiones de pagos

El Consejo del Poder Judicial ha archivado las irregularidades denunciadas en 1992 por los entonces juez decano de Madrid, Antonio García Paredes, y presidente del Tribunal Superior, Clemente Auger. Ambos habían expresado su inquietud por los rumores sobre corrupción que circulaban por los juzgados. Una inspección posterior del consejo determinó que sólo cuatro economistas acaparan las principales suspensiones de pagos, lo que les reporta importantes ingresos.

Finalmente, el órgano de gobierno de los jueces ha establecido que todo era un simple rumor y rechaza la existencia de "connivencias entre despachos profesionales y los juzgados". Los interventores son profesionales del derecho o la economía que se ocupan de gestionar una empresa que suspende pagos o cae en quiebra mientras se resuelve el caso en los tribunales. Sus honorarios mensuales dependen del pasivo de la sociedad intervenida, y oscilan entre 350.000 pesetas -para suspensiones de hasta 50 millones- y tres millones (para casos de, hasta 5.000 millones).En Madrid, según el informe de la inspección, entre cuatro interventores se repartieron suspensiones de pagos con un pasivo global de 200.000 millones de pesetas (EL PAÍS del 18 de septiembre de 1992).

La inspección del consejo comenzó a investigar esos "rumores" y observó que en los últimos años prácticamente en todos los juzgados de primera instancia de Madrid habían actuado como interventores Joaquín Lluch Rovira y Miguel Guijarro López y, en menor medida, otra pareja formada por Alberto Grande García y, Carmina Soler Balaguero.

El informe en el que se basa el consejo para archivar el caso concluye: "No ha podido apreciarse infracción de orden disciplinario imputable a persona alguna, aunque [sí] algunas disfunciones atribuibles en gran parte a la inadecuada e inactual regulación legal de los procesos de quiebras y suspensiones de pagos

Criticar al decano

El informe del juez instructor (José Luis Bermúdez de la Fuente, magistrado de la sala de lo militar del Tribunal Supremo) rechaza igualmente que haya existido "algún privilegio informativo desde la oficina de reparto del decanato a cualquiera de los profesionales;". Si a alguien hay que

ventores inferior a 1 setas, lo que es incumplible. Sugiere por ello "concretar y actualizar" de forma urgente la retribucíón de los comisarios, depositarios e interventore,s que participan en estos procesos.

Después de que García Paredes y Clemente Auger elevaran al consejo Ios ruínores" de posibles irregularidades, los servicios de inspección del Consejo del Poder Judicial efectuaron una investigación cuyas conclusiones dejaron entrever indicios dé pre suntas anomalías.

Pues bien, Bermúdez arremete asimismo contra los inspectores, tilda de "insostenibles" sus conclusiones y llega incluso a calificar de "inquisitorial" su labor de investigación.

"En lo sucesivo", advierte Bermúdez, "debe cuidarse el no confundir la labor investigadora de anomalías e irregularidades... con la inmiscusión en la actuación jurisdiccional de los señores jueces, inquiriendo sobre la forma de tomar sus decisiones o en la adopción de sus criterios... Cualquier injerencia del servicio de inspección sobre el actuar jusridiccional -y más aún si se realiza en forma generalizadaatenta contra la independencia de los jueces..., que ha sido rozada en varios aspectos de la investigación".

Las conclusiones de los inspectores, que José Luis Bermúdez de la Fuente considera "insostenibles", aludían a la posibilidad de que "en la oficina de reparto de asuntos civiles" existiera "un presunto suministro de información privilegiada que predeterminara el reparto [de las suspensiones de pagos y las quiebras]".

También advertían esas conclusiones sobre supuestas "conexiones entre determinados despachos profesionales y las oficinas judiciales".

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por encargo del consejo, también abrió una investigación al res-. pecto.

Sin embargo, concluyó en que los jueces de primera instancia actúan de acuerdo con la ley a la hora de nombrar a los interventores. Según la fiscalía, los jueces de lo civil nombran a determinadol interventores únicamente porque "conflan" en su "competencia" profesional.

La actual juez decana de Madrid, Manuela Carmena, ha establecido hace varios días un nuevo sistema en la oficina de reparto de asuntos de los juzgados de Madrid con el que pretende evitar cualquier manipulación en la distribución de asuntos.