Corrupción en Gran Bretaña

LO NUNCA imaginable está ocurriendo en el Reino Unido: su sistema político, hasta hoy supuestamente el más ejemplar del mundo democrático por su funcionamiento y la transparencia de sus procedimientos, resulta estar al borde de la corrupción. Hace años que los escándalos de la! prácticas de financiación ilegal o, cuando menos, irregular de los partidos políticos surgen con frecuencia en el continente (y en especial en Francia, Italia y España), al mismo tiempo que se señalaba como ejemplo de sobriedad financiera alReino Unido. Hace años también que los expertos se preguntan si el sistema electoral mayoritario por pequeñas circunscripciones en uso en el Reino Unido no será el más útil a la hora de mantener controlados los gastos del aparato y hacer innecesaria una gran estructura financiera centralizada. Podría no ser así. Cierto que ha habido en Londres escándalos políticos con una frecuencia equiparable a la de otros países democráticos. Tales incidentes, de los que fueron ejemplo John Profumo (el ministro de Defensa aficionado a las faldas con espionaje soviético incluido) o David Mellor (el ministro de Cultura y sus apetencias monetarias o turísticas), se resolvieron con la dimisión fulminante de los afectados. Otros problemas (como el aún no resuelto de las ventas de armamento británico a un Irak sometido a embargo universal) tendrán una solución pública y probablemente embarazosa.

Pero la cuestión de la financiación de los partidos parecía estar a salvo de toda corruptela. Hasta que se ha producido un descubrimiento simultáneo: por un lado, que la monarquía saudí ha contribuido a las finanzas del Partido Conservador británico con una donación de siete millones de libras (aproximadamente 1.300 millones de pesetas); por otro, que el financiero turcochipriota Asil Nadir, huido de Londres, en donde estaba en libertad bajo fianza por la quiebra fraudulenta de su compañía, había donado cerca de 80 millones de pesetas a la misma organización durante la pasada década. La aportación más importante es probablemente legal -pese a que la familia real saudí ha amenazado con querellarse contra el diario The Guardian, que denunció el hecho-, pero políticamente preocupante, puesto que ya ha salpicado el nombre de Michel Heseltine, ministro de Industria, como supuesto intermediario de la operación. La de Nadir, procedente, además, de un presunto desfalco en su propia compañía, va a tener que ser devuelta por los conservadores, por mucha obstinación que muestre Norman Fowler, presidente de los tories, quien advirtió que no se devolverá ni un penique mientras no se demuestre judicialmente la acusación. Pero ambas cuestiones han sembrado la duda entre lo que es contribución política y lo que es soborno.

No se trata de si puede permitirse legalmente que compañías extranjeras contribuyan a las arcas de partidos políticos o siquiera de si las donaciones pueden ser mantenidas en el anonimato; los partidos no están legalmente obligados a revelar el origen de las contribuciones recibidas. La legislación británica acepta que la fuente de una financiación puede ser mantenida en secreto porque también da por supuesto que un donante se enorgullece de su aportación y tiende a hacerla pública. La ley no supone que la contribución sea soborno porque no admite que el Gobierno salido de las urnas conculque la ley para favorecer a sus contribuyentes.

En el fondo, la legislación británica se fía básicamente de la honorabilidad del ciudadano, y fue esta concepción, convenientemente utilizada, la que permitió anteayer al Gobierno de Major derrotar una proposición de ley laborista que hubiera obligado a los partidos a revelar la procedencia de sus ingresos.