La mejor opción

EN EL decálogo publicado el pasado domingo por EL PAÍS se insistía en la necesidad de un Gobierno apoyado por una sólida mayoría parlamentaria como condición básica para afrontar los problemas que tiene planteados España. Es ésta una prioridad absoluta ante la crisis económica -y su efecto más inmediato, el paro- que constituye hoy el primer desafío nacional. Y también porque las turbulencias. económicas, políticas -e incluso bélicas- europeas, en un escenario mundial cambiante, exigen una dirección firme de los asuntos del Estado y el suficiente apoyo social y político a las decisiones que se tomen.Es preciso superar la crisis económica, culminar la participación española en el proceso de construcción de la Unión Europea, regenerar el sistema y las instituciones democráticas, y emprender todo ello con las máximas garantías de éxito posibles. En tales circunstancias, y habida cuenta del resultado de las elecciones, no existe mejor fórmula que un Gobierno de coalición capaz de concitar una mayoría absoluta en el Parlamento durante todo el periodo de la legislatura.

Un Gobierno socialista en minoría, pese a que éste sea el partido ganador de las elecciones -y con unos resultados cuyo mérito no es en absoluto desdeñable-, estaría sometido a toda clase de peligros. Podría quizás intentar una estrategia de pactos puntuales, ora con el nacionalismo de centro-derecha, ora con Izquierda Unida QU), incluso en algún asunto con el Partido Popular, pero no es seguro, ni siquiera probable, que lo consiguiera, y aumentaría con ello la confusión y la indefinición de nuestro destino político en un momento de especial gravedad. Estos acuerdos puntuales, en reedición de los que pergeñaba la UCD, convertirían este país en un mercado persa.

Algunos sugieren la alianza del PSOE con IU. No es oportuno por muchas razones: de acuerdo con su programa, IU no podría conciliar sus propuestas electorales con la política económica de imprescindible y urgente ajuste ni con la política europea vinculada a Maastricht. La suposición de que existe un mandato electoral para una mayoría de izquierdas es del todo discutible. Lo que hay más bien es una indicación de que Felipe González encabece un Gobierno capaz de gestionar la crisis. Y es obvio que esto debe hacerse desde la sensibilidad y propuestas programáticas del PSOE y del propio González. Un Gobierno de la izquierda total generaría un peligroso dualismo en nuestra sociedad, resucitaría recetas fracasadas en muchos lugares y ahondaría el desconcierto en la sociedad española. Por lo demás, esa fórmula supondría, casi con seguridad, la exclusión de González de la presidencia -algo insólito tras unas elecciones ganadas por él- y estimularía una alianza de hecho entre el PP y los nacionalistas incapaz de vertebrar un Gobierno alternativo, pero capaz, en cambio, de bloquear gran parte de la vida política.

Está la posibilidad de un Pacto estable de legislatura entre el PSOE y los partidos nacionalistas moderados, sin excluir determinados apoyos circunstanciales del sector más renovador e independiente de IU. Algunos creen que será la fórmula que al final acabará abriéndose paso. Pero un pacto de legislatura constituye algo así como una versión desleída de un Gobierno de: coalición. Ofrece menos seguridades al socio mayor y menos contrapartidas a los socios menores, pero, sobre todo, ofrece más riesgos-al conjunto del electorado y más posibilidades de ruptura.

Frente a todas estas fórmulas, un Gabinete de coalición socialistas-nacionalistas, con un programa concreto, pactado de forma transparente, que incluya una lista (le prioridades (especialmente en los terrenos presupuestario y autonómico) y que contribuya a culminar la resolución del pleito histórico de la incorporación de las minorías nacionalistas a la política de Estado, parece la mejor solución. Un Ejecutivo así sería la respuesta lógica a las necesidades de la gobernación del país. Garantizaría el poder suficiente para emprender las reformas precisas, facilitaría el acuerdo social deseado, y si éste se hiciera imposible por culpa de algunos de quienes deberían firmarlo, otorgaría al Gobierno la capacidad necesaria para aceptar cualquier enfrentamiento con garantías de victoria. Reforzaría, por último, a González en las tareas de unificación de su propio partido y de sofocamiento de las revueltas ya visibles en el PSOE.

Los mayores obstáculos para este proyecto pueden ponerlos dirigentes socialistas nostálgicos de sus anteriores cuotas de poder. En ese caso, el secretario general del PSOE vendría obligado a reaccionar con energía. Y también hay líderes nacionalistas que pueden verse tentados de primar sus intereses personales en detrimento de los de todo el país y resistirse al proyecto que comentamos. Quienes les prestaron su voto para decidir en el Gobierno de España acabarían pasándoles factura por escurrir el bulto.