Sala creó un 'holding' para financiar al PSOE, según el informe 'secreto' de Barbero
El juez del caso Filesa, Marino Barbero, encontró indicios de que el ex senador del PSOE y parlamentario catalán Josep María Sala i Grisó participó "en la creación de un holding conducente a financiar un partido político" según señala en su informe de competencia remitido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y que ésta mantuvo en secreto durante el periodo electoral. Ayer, los peritos de Hacienda adscritos al caso Filesa ratificaron su informe y respondieron a las aclaraciones pedidas por los abogados defensores y las acusaciones.
El juez Barbero explica en su informe -guardado en secreto por el Supremo durante el periodo electoral- que del conjunto de la documentación y de las diligencias que ha practicado se deduce "provisional o indiciariamente" que Sala "ha participado en la creación de un holding conducente a financiar un partido político de ámbito nacional mediante comportamientos valuables como delitos". Los presuntos delitos son, según el, instructor, "aquéllos a los que hacen referencia las querellas", y entre los que Barbero menciona falsedades documentales, delito fiscal, delito contable, "eventualmente cohecho" y otros."Para la consecución de este objetivo", prosigue el informe de Barbero, "se han cometido en el marco de este partido una serie de irregularidades que indiciariamente pueden constituir los delitos citados, siendo el señor Sala i Grisó miembro de la comisión ejecutiva del tal partido".
"En la medida en que en tal financiación han intervenido también personas y empresas cuya sede social está sita fuera del territ6rio de la comunidad autónoma catalana, puede considerarse, en principio, que los presuntos delitos se han cometido dentro y fuera de Cataluña", añade el informe.
El resto del informe lo dedica el instructor a analizar la ley de 1912 sobre enjuiciamiento de diputados y senadores, esgrimida por el PP para que el Supremo continuase siendo competente tras la disolución de las Cortes. Barbero considera dicha ley vigente pero no aplicable en este caso, al no haberse cursado los suplicatorios. También analiza la situación de Sala como diputado del Parlamento catalán y señala que la competencia del Supremo viene atribuida por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, al aparecer indicios de hechos cometidos fuera de esa región.
La resolución del Supremo en que éste declara su competencia, hecha pública ayer, señala que si no se dio traslado a las partes del informe de Barbero fue "porque su destinatario era y es, única y exclusivamente, el tribunal al que se dirige y no las partes". La Sala Segunda niega que el motivo de no distribuir este informe fuera el de no interferir en el proceso electoral, aunque añade que ello "hubiera sido correcto" en atención a "una vieja praxis de la Sala a partir de la instauración de la democracia".
El Supremo dirige dos nuevos reproches al instructor. En el primero asegura que no conoce las diligencias del caso Filesa "más allá de lo que ha conocido por la vía de los recursos, insuficiente en orden a pronunciarse esta Sala sobre la competencia". Debido a esta falta de conocimientos, asume la competencia al reputar de "obvio" que Barbero ha encontrado indicios de haberse cometido infraciones penales por el ex senador Sala fuera del territorio de Cataluña.
Los peritos se ratifican
La ratificación por los peritos de Hacienda en su informe sobre Filesa, diligencia inicialmente fijada para tres días antes de las elecciones, se celebró finalmente ayer, tras haber sido retrasada por el propio juez Marino Barbero, ante la oleada de protestas que levantó su decisión.Los peritos se ratificaron de forma genérica en la totalidad del informe, de unos 500 folios, y se sometieron a las preguntas de las acusaciones y defensas. El texto atribuye al grupo Filesa la percepción de unos 1.000 millones de bancos y empresas por informes inexistentes, mientras que por otro lado pagaba facturas del PSOE.
Horacio Oliva, defensor del ex diputado Carlos Navarro, declaró que los peritos se habían extralimitado en su funciones y no habían sido imparciales, porque habían valorado la totalidad del sumario: "Han sustituido al juez y han hecho unas valoraciones que no corresponden a la prueba pericial". "Son peritos contaminados, qué han ido con el juez a las empresas y han decidido la selección de los documentos", agregó Oliva, quien anunció que pedirá otra prueba pericial.
El abogado Marcos García Montes, acusador en nombre del constructor Christian Jiménez y del empresario José María Ruiz-Mateos, indicó que los peritos se habían expresado de forma "contundente". A su juicio, "el peritaje va a llevar a una sentencia condenatoria". El letrado subrayó que el texto se había hecho "con la más clara independencia".
Inmaculada Cardona, abogada del ex senador Josep Maria Sala, no hizo declaraciones.
