Gobernabilidad y alianzas
SEAN CUALES sean los resultados de las próximas elecciones legislativas, una cosa parece segura: abrirán una nueva etapa en el desarrollo de la democracia española. Parece claro, a tenor de lo que anuncian las encuestas, que la nueva situación se organizará en torno a mayorías relativas, y no absolutas, como en la última década. La incógnita principal, en cualquier caso, versa sobre el carácter, de centro izquierda o centro derecha, de la nueva minoría mayoritaria.Es en este escenario probable en el que debe escudriñarse la posibilidad de articular una mayoría estable y suficiente que evite movimientos pendulares, mociones de censura precipitadas, y permita un desarrollo legislativo armónico. España está enfrentada a una crisis económica importante y a retos internacionales decisivos, como el del asentamiento de la nueva Unión Europea, en un marco de relaciones internacionales cambiantes. De ahí la necesidad de gobiernos sólidos, que eviten turbulencias innecesarias. Si la mayoría relativa conlleva un aumento del papel del Parlamento al potenciar la necesidad del consenso, también agudiza la inestabilidad.
Pues bien, ante este panorama nuevo, debe plantearse sin prejuicios el elenco de posibilidades existentes para formar una mayoría estable. En aras de la estabilidad, parece fácil concluir que lo ideal no son gobiernos minoritarios ejerciendo el poder mediante frágiles pactos puntuales para la aprobación de determinadas leyes o paquetes de medidas ejecutivas. Lo ideal son pactos de legislatura estables o gobiernos de coalición, trabados sobre programas sólidos y con la leal vocación mutua de agotar la legislatura. La experiencia de gobierno de la UCD entre 1979 y 1982 al albur de complicados acuerdos coyunturales, dio ya medida de la inestabilidad a que este esquema de mayorías puede abocar.
En estas circunstancias, todo indica que sólo en los nacionalismos vasco y catalán, por su posición centrada en el espectro político, se encuentra la posibilidad de aportar los votos y el espíritu necesario para una legislatura gobernable. Cierto es que las reticencias existentes fuera de Cataluña y del País Vasco para el acceso a una mayor responsabilidad del PN-V y de CiU en el poder central son numerosas. Algunas de ellas se las han ganado a pulso los propios nacionalistas, merced a su indefinición programática final sobre el modelo de Estado y a ciertas frivolidades sobre la autodeterminación. Y merced también a bastantes gestos simbólicos que plantean el interrogante de si, una vez en la mayoría, sabrían o no colaborar en la gobernación de toda España teniendo como norte el interés general, o si, por el contrario, tratarían de arrimar el ascua su sardina territorial.
Hay que decir con claridad que la trayectoria fundamental, tanto del PNV como de CiU, contemplada desde el largo plazo, ha sido positiva para la gobernabilidad del país. Figuran en este balance varios activos que no son meramente anecdóticos, a saber: 1) la contribución del nacionalismo catalán a la democracia, española desde sus inicios, aportación plasmada muy significativamente en su compromiso constitucional (Miquel Roca es uno de los padres de la Carta Magna); 2) el carácter constructivo y sensible a las cuestiones de Estado -política exterior, terrorismo, determinadas medidas de política económica- con que se ha desarrollado su oposición parlamentaria; y 3) el pragmatismo evidenciado en operaciones como el establecimiento de gobiernos de coalición nacionalistas-socialistas en el País Vasco.
Que la nueva mayoría sea o no sensible a estas realidades y que los principales nacionalismos sepan ser leales a su trayectoria básica por encima de sus tácticas, verbalmente más o menos espectaculares y discutibles es algo que está por ver, y las responsabilidades se repartirán por mitades. Por razones históricas y por sensibilidad de las bases sociológicas nacionalistas parecería menos artificial y más fluido un engarce de CiU y PNV con el PSOE que con el PP. Pero en cualquier caso, en este envite se juega mucho el sistema democrático: la profundización autonómica, la apuesta europea, el perfeccionamiento de la estrategia económica y, naturalmente, la propia estabilidad de la próxima legislatura. Como esta cuestión será probablemente decisiva a partir del 6 de junio, y como viene presentándose en medio de la confusión y las pasiones desde hace tiempo, conviene ya empezar a reflexionar sobre ella. Porque ante situaciones nuevas resulta imprescindible aguzar el ingenio y mantener la cabeza fría, no sea que las anécdotas pasadas -por importantes que fueren- o los desencuentros evitables acaben cristalizando en opciones precipitadas que en nada beneficiarían al país.
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