El Gobierno francés privatizará Air France, Renault, Thomson y otras 18 empresas públicas

El ministro de Economía francés, Edmond Alphandery, hizo pública ayer la lista de las 21 empresas públicas y semipúblicas -entre ellas figuran bancos, como la BNP; compañías de aviación, como Air Francia, o constructores de automóviles, como Renault- que el Estado francés quiere privatizar totalmente. Por el momento se desconoce el plazo de tiempo que se autoconcede el Gobierno para llevar a cabo la venta, pero sí se sabe que a finales de año las acciones puestas a la venta el mes de octubre deberán haber aportado ya un mínimo de 40.000 millones de francos (casi 900.000 millones de pesetas), cantidad que se considera un 10% del valor total de las empresas.

Serán privatizadas en una primera fase las aseguradoras AGF, GAN y UAP, el grupo infórmático BULL, la empresa de electrodomésticos y defensa Thomsom, los bancos Hervet, Crédit Lyonnais y BNP, las químicas Pechiney y Rhone Poulenc, la multinacional del petróleo ELF Aquitaine y la Societe Marsellaise de Crédit. En una segunda fase, según el ministro de Economía, serán privatizadas Aerospatiale, Caja Central de Reaseguros, Caja Nacional de Previsión, Compañía General Marítima, Renault, la tabacalera Seita, la aeronaútica Snecina y la siderurgia Usinor Sacilor.Para el Gobierno Balladur este es un primer gesto de marcada significación política. El sector público francés moderno arranca en 1936, con el Gobierno del Frente Popular, que nacionaliza los ferrocarriles, la SNCF. Después de la guerra los gobiernos de coalición del general De Gaulle reforzaron el sector público como elemento fundamental de la independencia nacional. El gaullismo de los años 60 nunca puso en cuestión dicho sector. Es más, empresas como la Renault se convirtieron en la "vitrina" social del modelo francés. En 1981 los socialistas acrecentaron el patrimonio del Estado, en la más pura tradición del pensamiento económico de izquierdas y es en 1986, con la victoria de la coalición de centro-derecha, cuando Jacques Chirac pone en marcha un plan de privatizaciones que provoca un importante enfrentamiento político entre el primer ministro y el presidente François Mitterrand, que se niega a firmar los decretos presentados por el primer ministro. La crisis se resuelve convirtiendo el decreto en ley y llevándolo al Parlamento, que la aprueba. La derecha gana la batalla legal pero pierde la de la popularidad.

Ahora Balladur corre un riesgo menor. Goza de una mayoría parlamentaria aplastante, la voz de la oposición es muy débil y, sobre todo, el dogma socialista respecto a las privatizaciones ha cambiado. En 1988 Mitterrand fue reelegido incluyendo en su programa el célebre principio del "ni-ni" -ni más privatizaciones, ni más nacionalizaciones- que luego fue matizado por los gobiernos de Rocard, Cresson y Bérégovoy, que aceptaron que Renault se asociase a la empresa privada sueca Volvo, que el grupo petrolífero ELF pusiese en venta una parte de sus acciones y que Rhone-Poulenc hiciese otro tanto.

El presidente Mitterrand, a través de su portavoz Jean Musitelli, comentó ayer que en el Consejo de Ministros, él recordó al Gobierno que "seguía siendo fiel a sus principios en la materia, en particular cuando se trata de empresas cuyo mantenimiento dentro del sector público lo considera acorde con los intereses del país".

Si hoy para la izquierda resulta difícil oponerse frontalmente a las privatizaciones, si hay en cambio terreno para la batalla en la manera o los criterios para llevarlas a cabo. De entrada la lista de empresas privatizada es casi idéntica a la elaborada por Pierre Bérégovoy para financiar, por la vía de la capitalización, un sistema de pensiones de jubilación que amenaza quiebra.

Bérégovoy había presentado un proyecto de ley que aseguraba su salvación a partir del año 2000. Balladur, el pasado 10 de mayo, consideraba como objetivo primordial reducir el déficit del Estado pero ahora a ningún analista se le escapa que las privatizaciones responden menos a la voluntad de enjugar la deuda que a la necesidad de frenar la recesión.

En definitiva, tal y cómo un portavoz del gabinete del primer ministro ha subrayado, la actuación del Gobierno de centro-derecha no es sustancialmente distinta de la tan criticada seguida por sus predecesore. Respecto al plan del año 1986 hay algunas variaciones sustanciales, la más importante de ellas es la desaparición del límite de un 20% puesto a la participación extranjera.

El proyecto Balladur-Alphandery intenta mantener un cierto equilibrio entre las demandas de los sectores liberales del gobierno y los más radicalmente nacionalistas, equilibrio que nadie sabe si sobrevirá a los debates parlamentarios.