Maastricht, el escollo alemán

Alemania, cuyo Gobierno ha sido el gran impulsor de la Unión Europea, podría ser el causante de la muerte definitiva del Tratado de Maastricht si el Tribunal Constitucional de Karlsruhe acepta las razones de quienes piensan que no se ajusta a la Ley Fundamental del país. Lo que en un principio pareció una simple maniobra obstruccionista de un político despechado está tomando dimensiones preocupantes. Las 15 preguntas que los jueces de Karlsruhe han hecho al Gobierno indican que la Corte Suprema considera seriamente la posibilidad de que el tratado viole el artículo 20 de la Ley Fundamental, que dice que "todo el poder del Estado surge del pueblo".

Según fuentes del alto tribunal, las primeras sesiones en las que se escucharán los argumentos de los demandantes y las razones del Gobierno no se convocarán hasta finales de junio, lo que significa que la decisión definitiva no tendrá lugar, como mínimo, hasta finales de agosto. El canciller Helmut Kohl tendrá que aceptar la paradoja de asistir a la cumbre comunitaria del 21 de junio, que cierra la presidencia danesa, como el representante del único país, junto con el Reino Unido, que aún no habrá ratificado el Tratado de Maastricht.Poco después de que las dos cámaras legislativas alemanas votaran a favor del tratado, cuatro diputados de Los Verdes al Parlamento Europeo y el político liberal Manfred Brunner presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional en la que, basándose en el artículo 20, indicaban que lo pactado en la ciudad holandesa en diciembre de 1991 viola la soberanía del país, especialmente por la falta de democracia del proyecto de Unión Europea.

Kohl se lo temía desde hace tiempo. De ahí sus infructuosos esfuerzos para incluir en el tratado una mayor operatividad y representatividad del Parlamento Europeo, para paliar "el déficit democrático" del mismo.

Brunner, el principal causante del embrollo, fue hasta hace poco ayudante del comisario europeo Martin Bangemann en Bruselas. Cuando, antes de que se pronunciara el legislativo, advirtió del riesgo de una "ratificación precipitada del tratado" y criticó al Gobierno por "querer imponer Maastricht a cualquier precio", Kohl reaccionó con una llamada enfurecida a Bangemann que hizo que Brunner perdiera su puesto en Bruselas. Ahora, desde la cancillería, se le descalifica con el argumento que "nunca habló ningún idioma extranjero ni entendió cómo funciona la CE".

La actitud del presidente

Podía haber sido peor, porque el relativo sigilo con el que, hasta hace poco, ha transcurrido el asunto se lo debe Helmut Kohl al presidente federal, Richard von Weizsäcker, que cuando recibió del Gobierno el tratado para su ratificación definitiva, pese a que la demanda ya había sido presentada, tuvo la habilidad suficiente de firmarla, pero señalando simultáneamente a los jueces de Karlsruhe que el documento de ratificación vinculante sería depositado únicamente tras la decisión del tribunal. Evitó así que los jueces tuvieran que dictar una resolución provisional que hubiera invalidado el tratado.

Karlsruhe ha enviado al Gobierno 15 preguntas con sus dudas sobre la constitucionalidad de Maastricht. El ministro de Exteriores, el liberal Klaus Kinkel, abogado y ex ministro de Justicia, será el encargado de defenderlo. Según los observadores del alto tribunal, el solo hecho de que se haya dirigido el cuestionario indica que los jueces consideran que los demandantes tienen posibilidades de éxito. Pero el Gobierno se ha limitado a decir que "no es nada inusual que el tribunal pregunte a las partes involucradas sobre sus posturas antes de tomar una decisión".

Seis de las 15 preguntas han sido publicadas por el semanario Der Spiegel. "¿Qué influencia quedará a las instituciones alemanes, especialmente a las cámaras, en el desarrollo de la integración europea tras la ratificación de Maastricht? ¿Perderá Alemania su independencia democrática y de Estado de derecho o su identidad constitucional? ¿Qué relevancia legal tendrá el hecho de que la Unión Europea, según el Gobierno, sea irreversible? ¿Hay posibilidad para los Estados miembros de dar por acabada su participación por decisión propia? ¿Ha hecho el Gobierno indicaciones en las negociaciones sobre sus dudas? ¿Qué efectos legales pueden tener estas declaraciones?".

Una de las preguntas incide en el argumento defensivo básico del Gobierno. "¿Qué consecuencias legales y políticas pueden darse si Alemania, por motivos constitucionales, no puede ratificar el tratado?", han preguntado los jueces. Y ésta es la respuesta del Gobierno: "Será una tragedia para Alemania y para Europa".