Cambios drásticos en la financiación

Entregar fondos privados a los patidos políticos y desgravar impuestos por ello será legal muy pronto en España. Las dos fuerzas con opción de gobierno, PSOE y PP, y sus posibles bisagras, los nacionalistas catalanes y el PNV, se encuentran todos dispuestos a introducir ambas medidas. Lejos quedan los tiempos en que los partidos se autoadjudicaron una subida del 100% en la subvención pública que recibían y lo justificaron como un medio de evitar la excesiva dependencia de la política respecto de intereses privados.La legislación todavía en vigor no prohibe las donaciones privadas. Pero las limita de manera muy seria y no contempla, en absoluto, la posibilidad de beneficios fiscales para los donantes.

Lo que diferencia a las opciones en liza es la amplitud que debe tener esa financiación privada. Mientras el Partido Popular pretende que sean legales todas las contribuciones -hasta un límite al que hace referencia, sin precisar cual debe ser-, los socialistas autorizan sólo las donaciones de personas físicas, prohibiendo la Financiación de partidos por parte de "toda clase de personas jurídicas".

Por tanto, si los socialistas siguen mandando, seguirá siendo ilegal que bancos, empresas o fundaciones financien la política. Claro que el valor de tal prohibición es discutible. Otros países lo establecieron antes, pero las compañías siempre han encontrado modos de trasvasar dinero a través de procedimientos diversos. En Estados Unidos, por ejemplo, existen órganos denominados "comités de acción política" que cumplen estas funciones, manteniendo la apariencia de un respeto formal a las normas.

El Partido Popular extiende expresamente la promesa de beneficios fiscales incluso a las cuotas satisfechas por los afiliados.

Todos estos cambios afectan no sólo a la legislación fiscal, sino a la ley electoral general, que fue aprobada en 1985, y a la de financiación de los partidos políticos (1987). Las dos últimas establecieron severas limitaciones al porcentaje de ingresos procedentes de fuentes privadas (en torno al 10% del total). Bien es verdad que esa legislación, todavía en vigor, deja abierto un enorme portillo a la ilegalidad, que es el de admitir donaciones anónimas, contra las cuales se pronuncian ahora los socialistas.

La derecha pactó con el PSOE la fórmula de incrementar fuertemente la subvención pública en un momento de asfixia económica particularmente grave, cuando Manuel Fraga había tenido que dimitir como líder de la Coalición Popular tras la retirada de apoyos de la Banca, que inútilmente dio más dinero a la llamada Operación Reformista, encabezada por Miquel Roca. Al PSOE le interesaba también, después de las deudas acumuladas con motivo del referéndum sobre la OTAN. Eso ocurrió en 1986. Pero el PSOE ha sido descubierto con las manos en la masa, entre otros motivos por el asunto Filesa, y al PP le conviene legalizar un sistema de Financiación privada que le ahorre escándalos en el futuro.

Ideas para salir del caos

Tales novedades se producen en medio de un debate que afecta a buen número de países democráticos. Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, ha sugerido medidas que en su país serían revolucionarias si se llevaran a la práctica: frente al predominio de los lobbies privados en la financiación de los candidatos, Clinton sugiere ampliar las subvenciones públicas.

Es el caso contrario al de Italia, que acaba de abolir la financiación estatal de la política, en medio del gigantesco escándalo provocado por las investigaciones judiciales sobre la corrupción de sus dirigentes. En la República Federal de Alemania sólo existe financiación pública para las campañas electorales.

Ninguno de los partidos importantes pretende cortar las subvenciones públicas en España, con la diferencia de que el PSOE se propone mantenerlas como están, mientras los populares prefieren limitar al 60% el máximo del presupuesto de cada partido que puede cubrirse con dinero público. Lo demás tendría que venir de la financiación privada.

Por tanto, la propuesta del centro-derecha apunta a un sostenimiento importante de los partidos por parte de intereses privados, mientras el PSOE se limita a establecer la compatibilidad entre ambos procedimientos.

"Los conservadores", afirma el número tres del PSOE, José María Benegas, "siempre están planteando que prefieren reducir la subvención pública de los partidos y aumentar las condiciones o mejorar las condiciones de la aportación privada. Y de alguna manera es lógico que así sea, porque tienen más posibilidades de que personas privadas puedan, con capital personal y propio, financiar y ayudar a partidos conservadores. Desde el punto de vista de un partido socialista y de un partido de izquierda, esas posibilidades de Financiación privada son bastante más limitadas".

Argumentos a los que el vicesecretario general del Partido Popular, Javier Arenas, respon

de así: ":Se puede aceptar que, en términos teóricos, los partidos socialisitas tradicionales o los partidos de izquierda tradicionales de hace treinta años tuvieran problemas de financiación con la aportación de sus cuotas porque fueran partidos estrictamente de clase. Pero eso ya no es así. El partido socialista ha sido el único que ha tenido verdadero acceso al poder económico en todos estos años en España".No se trata sólo de programas para autofinanciarse. Frente a las percepciones de la sociedad española, que cree en el crecimiento de la corrupción -según reiteradas encuestas-, los partidos han incluido en sus programas una. notable batería de ofertas anticorrupción. Es la primera vez que este asunto ocupa lugares destacados en los programas electorales de los partidos políticos en España.

Registiro de contratosLos socialistas incluyen, entre otros propósitos, el de incrementar las inspecciones del Banco de España en las instituciones financieras, cuyo alcance es difícil de medir. El Banco de España ya dispone de toda la información acerca de los créditos fallidos y del riesgo bancario en general; una pregunta obligada de una inspección, cuando visita una institución financiera, se refiere al riesgo asumido respecto a partidos políticos. Por tanto, la propuesta socialista sólo implicaría algo nuevo si se extendiera a la publicación de los datos en poder del Banco de España, hasta ahora mantenidos en secreto.

El PISOE propone también la creación de un registro público de contratos, "al que se incorporarán todos cuantos se realicen, y un informe justificativo del sistema de adjudicación elegido para cada uno de ellos". Ésto podría ser una medida de impacto. La posibilidad de crear un registro comparable al de sociedades mercantiles, ya existente, mejoraría las condiciones en que se efectúa la competencia entre los aspirantes a contratar con las administraciones y haría más dificil explicar cada adjudicación por razones distintas de las derivadas de calidades, precios o condiciones técnicas.

Dicha medida se complementa con la promesa de informar anualmente a las Cortes acerca de la contratación realizada por todas las administraciones públicas. El asunto tiene mayor calado del que parece. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos contratan más inversión pública que la Administración central (véase gráfico). No queda claro si el alcance del programa socialista es obligar a todas esas administraciones a dar cuenta de sus contratos a las Cortes.

Tamibién el Partido Popular se ocupa de los contratos del sector público, pero sus propuestas son tanto o más imprecisas que las del PSOE. Ofrece "reformar los procedimientos de contratación del sector público, reduciendo los márgenes de discrecionalidad y reforzando los requisitos para dar más transparencia a los concursos públicos". Propone también. la participación de las Cortes en la venta de empresas públicas.

IU, por su parte, enuncia una propuesta de expropiación de bienes adquiridos por prácticas corruptas, sin más detalles.