Debilidades competitivas

La industria española posee dos debilidades competitivas básicas que no son nuevas ni producto de la actual coyuntura recesiva. La primera, mas antigua y conocida, un tejido empresarial insuficiente en las manufacturas más intensivas en tecnología. La segunda, escasez de productos propios -diferenciados-, reducida productividad y altos costes en las manufacturas tradicionales, que aún suponen el 60% de la producción. Una y otra son causantes del elevado déficit exterior. La primera, porque obliga a recurrir a abundantes importaciones; la segunda, porque limita el crecimiento de las exportaciones.Superar ambas deficiencias exige dos tipos de actuaciones públicas. Uno, más reclamado por los empresarios, pero no por ello más importante, encaminado a crear un entorno más favorable para el riesgo y desenvolvimiento de la actividad industrial (menos trabas financieras y fiscales, más y mejores infraestructuras y servicios a las empresas y una demanda pública más preocupada por las iniciativas nacionales solventes y competitivas). Aun respetando los equilibrios macroeconómicos necesarios para la convergencia nominal, existen márgenes de maniobra para avanzar por este camino, sobre todo con políticas de desregulación y liberalización.

Un segundo conjunto de actuaciones públicas, más relevante, debe buscar la formación de una red institucional eficaz de fomento y difusión del desarrollo tecnológico y la educación superior. Ha de impulsar la oferta y demanda de tecnología y lograr una mayor adecuación entre ambas, elevando la calidad. Ha de favorecer, asimismo, la difusión tecnológica, buscando la modernización de las empresas, sobre todo PYME, mediante una estructura ordenada e integrada de servicios de información y asesoría (agencias de desarrollo, centros de información, red de servicios, institutos tecnológicos, centros de empresas, parques tecnológicos, sociedades de garantía recíproca).

Aun cuando deba buscarse una gestión y participación privadas, la promoción de esta red compete a las autoridades económicas. La iniciativa privada no puede, por sí sola, proveerse de ella, no sólo por razón de escala -dado el pequeño tamaño medio de las empresas industriales españolas-, sino también porque su construcción posee abundantes efectos externos que limitan la rentabilidad de las inversiones necesarias y su apropiación individual.

Por encima del espejismo que supone el aumento de los gastos de I+D sobre el PIB que ha tenido lugar en los últimos años, el desarrollo tecnológico sigue siendo una tarea pendiente, siempre postergada por sucesivos Gobiernos, y apenas reclamada con seriedad por empresarios y trabajadores, ante el fácil expediente de conseguir tecnología del exterior, básicamente a través del capital extranjero.

Rafael Myro Sánchez es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense.