El agua empantanada

Un reguero de agua atraviesa la discusión política en Aragón. La precampaña electoral ha comenzado cuando aún está caliente la manifestación del pasado 23 de abril. Por segundo año consecutivo, más de 100.000 personas reclamaron autonomía plena y se pronunciaron en contra de que se trasvase agua del Ebro a otras comunidades. Son las dos convulsiones en las que se mueve esta comunidad rica y variada, que discute ahora sobre los niveles del agua y de las competencias.En el frente del debate autonómico, el presidente regional, Emilio Eiroa (del Partido Aragonés, el Par) ya ha planteado la necesidad de convocar un referéndum sobre la ampliación del estatuto autonómico. El sentimiento aragonesista ha despertado en las últimas manifestaciones callejeras, y algunos aún no salen de su asombro. Aragón -al contrario que el País Vasco y Cataluña, consideradas por eso históricas- no tuvo estatuto en vigor durante la República, puesto que quedó frustrado en Caspe (Zaragoza) con el comienzo de la guerra civil de 1936.

No obstante, todas estas movilizaciones han dejado al descubierto algunas contradicciones: primero, en el propio Gobierno de coalición (Partido Aragonés-Partido Popular). Mientras que el Ejecutivo y el Par apoyaron la manifestación del 23 de abril, el PP y el PSOE no suscribieron la convocatoria ni el manifiesto, ni estuvieron oficialmente presentes.

Otra contradicción: mientras la gente, con su masiva participación, iba por un lado, los partidos, al menos los mayoritarios, seguían otro derrotero. La manifestación sirvió para que adquirieran en la calle el protagonismo -que no tienen en las instituciones- grupos minoritarios como la Chunta Aragonesista y el CDS (sin representación en las Cortes regionales).

El Gobierno de coalición ha chirriado en otras ocasiones: mientras el PP suscribía el pacto autonómico con el PSOE, el Par presentaba en las Cortes aragonesas una propuesta para reformar ampliamente el estatuto; los aragonesistas defienden la televisión autonómica, mientras que los populares lo hacen con. tibieza; IU y Par propusieron a Emilio Gastón para el cargo del Justicia de Aragón (Defensor del Pueblo autonómico), mientras que el PP se aliaba con el PSOE y presentaba a Juan Montserrat.

Obras hidráulicas

La confusa situación se agravó con la fuga del diputado del PP Emilio Gomariz, que dejó en precario al Gobierno. Su abstención supuso que los presupuestos de la comunidad fueran devueltos al Gobierno y hayan sido aprobados con más de cinco meses de retraso. El presupuesto supera los 96.000 millones de pesetas, un 10% menos que el año pasado. Otro tránsfuga, el concejal del PP José Luis de Torres, tiene también en jaque mate al Ayuntamiento de Zaragoza.

Sí ha habido acuerdo entre todos los grupos parlamentarios en la firma del llamado pacto del agua, que recoge obras de infraestructura hidráulica por valor de 200.000 millones de pesetas y las necesidades actuales y futuras de agua en Aragón. El pacto será incluido en el Plan Hidrológico Nacional. No obstante, el anuncio de posibles trasvases del Ebro con aguas sobrantes, una vez satisfechas las necesidades presentes y futuras deAragón, ha puesto en pie de guerra a algunas gentes, partidos e instituciones, con el Gobierno a la cabeza.

En Aragón, el paro y los expedientes de regulación de empleo van en aumento: más de 62.000 desempleados y 329 expedientes que afectan a casi 3.500 personas sólo en el primer trimestre. El problema puede agravarse si la crisis del sector del automóvil afecta de lleno a la factoría de General Motors en Figueruelas (Zaragoza). Lo saben la patronal y los sindicatos. Por eso, junto con el Gobierno regional, han llegado a un acuerdo para el progreso industrial, que pretende frenar la crisis y modernizar las estructuras productivas. Se van a destinar en lo que resta de año y durante el próximo 20.000 millones de pesetas en seis programas específicos, con especial hincapié en la innovación tecnológica, la formación profesional y el empleo.

Apoyo a Teruel

También se va a apoyar de forma especial a la provincia de Teruel, pues las Administraciones central y autonómica han puesto en marcha un plan que trata de reactivar esta parte aragonesa, cuya economía depende fundamentalmente de la minería, actualmente en reconversión.

Los problemas que enfrentan al Gobierno central y a la Administración autónoma son principalmente la reforma del estatuto, la financiación de la autovía de Somport (primero se iba a hacer de forma conjunta, y ahora sólo la Administración central); el agua y los trasvases y el Plan Hidrológico del Ebro.

El Ejecutivo de Eiroa comenzó su andadura, en contraposición con el de su antecesor, Hipólito Gómez de las Roces, con un talante más dialogante. Pero los avatares han hecho que poco a poco el clima se haya enrarecido y que Madrid, el centro, sea el enemigo de Aragón. Las aguas no vuelven a su cauce