Sobre la finalidad de las medidas de reactivación

Dos acontecimientos definen la realidad actual de nuestro país. De un lado, la recesión económica y, de otra parte, el ambiente preelectoral que se vive tras disolver el presidente del Gobierno las dos Cámaras. A todo ello, se ha agregado el debate político sobre su finalidad electoralista y la intencionalidad económica (Real Decreto Ley 3/1993 de "Medidas urgentes sobre materias presupuestarias, tributarias, financieras y de empleo").Antes de entrar en disquisiciones teóricas comenzaremos enumerando los supuestos y restricciones que enmarcan y condicionan nuestra reflexión sobre el tema en cuestión. En primer lugar, hemos de admitir que la economía española se encuentra en una fase cíclica recesiva, marcada por el elevado nivel de desempleo y el diferencial en inflación respecto a la CE; en segundo lugar, hemos de asumir que la discrecionalidad en la política económica está limitada por el Tratado de Unión Económica y el Programa de Convergencia Económica (aprobado en el Congreso de los Diputados en 1992); y por último, hemos de aceptar la hipótesis de que el partido gobernante desea renovar su mandato y, por contra, la oposición pretende arrebatarle el poder en las próximas elecciones generales.

Ambiente favorable

Una vez enumeradas estas cooordenadas, pasamos a exponer aquellos fundamentos del análisis del ciclo político y económico que contribuyen a mejorar el debate sobre la finalidad de las medidas de reactivación. Existen numerosas aportaciones, pero nosotros nos vamos a centrar en dos: la teoría del ciclo político y la política económica y la teoría de la disciplina ideológica o partidista.En los primeros estudios se defendía la tesis de que los gobernantes procurarán crear un ambiente económico favorable antes de las elecciones. Para ello, articulan medidas macroeconómicas expansionistas, con el fin de reducir el nivel de desempleo y mantener la tasa de inflación. Los electores, de un modo irracional o ingenuo, posiblemente votarán al partido gobernante sin sopesar, en su decisión, el coste de la política de ajuste que más tarde el gobierno reelegido ha de aplicar tras la celebración de los comicios.

Propuestas teóricas más recientes defienden la tesis de que los gobernantes, al aplicar en periodo preelectoral una política macroeconómica expansionista, ocultan a los votantes (esta vez racionales y bien informados) las consecuencias que a posteriori conlleva su estrategia.

De todo lo anterior se concluye que el cielo político condiciona la política económica e imposibilita la adopción de medidas adecuadas al tempo económico.

Los análisis que se enmarcan en esta otra corriente admiten que los votantes son racionales e inteligentes, de modo que en las elecciones optarán por aquel partido que les permita optimizar su nivel de bienestar. Las preferencias políticas de los ciudadanos pueden así variar, tras la aparición de fuertes desequilibrios económicos internos (desempleo e inflación).

La incertidumbre de un proceso electoral genera entre los electores unas expectativas que condicionan la política económica del futuro Gobierno. El caso del presidente Mitterrand es particularmente revelador, pues tras ganar las elecciones en mano de 1981 y, ante la recesión económica que vivía Francia (con una tasa de desempleo del 7,4%), articuló una política macroeconómica expansionista, fiel a la ideología económica del Partido Socialista (basada en el sacrificio que supone soportar elevadas tasas de inflación, en pro de conseguir mantener un crecimiento positivo). El presidente francés estimó que era mejor adoptar este tipo de medidas que, además de corroborar las expectativas del electorado socialista, amortiguaban los efectos de una posible recesión, por otra parte inevitable. El paso del tiempo ha evidenciado el error de Mitterrand, pues si bien, en 1982, la economía del país vecino registró un crecimiento similar al de Inglaterra y superior al de Alemania, sin embargo, en los tres años siguientes, la actividad productiva apenas creció.

El panorama actual de nuestra economía está marcado por la incertidumbre sobre si las medidas de reactivación conseguirán, al menos, amortiguar los efectos nocivos de la recesión. Nos parece excesivamente arriesgado pronunciamos, en estos momentos, acerca de la fatalidad de esta ley, pues estimamos que han de ser los resultados de las elecciones generales, a celebrar el día 6 de junio, los que han de corroborar o refutar si este Real Decreto se ha planteado con fines electoralistas.

No obstante, los escenarios que se vislumbran en el horizonte electoral de los próximos meses son dos. Por un lado, y de acuerdo con la teoría del ciclo político y la política económica, el electorado (se supone que ingenuo) apostará por la reelección del gobierno, siempre que mejore la situación económica actual.

En las antípodas se situarán los defensores de la tesis de que el votante (nacional y, en consecuencia, posee un juicio bien fundamentado acerca de las diferentes opciones políticas) no estará condicionado, en su decisión electoral, por los resultados positivos obtenidos tras la aplicación de estas medidas de reactivación económica. En consecuencia, los electores contemplados por la propuesta teórica de la disciplina ideológica, solamente modificarán su intención de voto en función del nivel de desempleo y la tasa de inflación.

Electorado racional

A modo de conclusión, y ateniéndonos a trabajos publicados recientemente [véase la macroencuesta publicada en este diario el 21, 22 y 23 de marzo y el sondeoflash del 14 de abril de 1993] no podemos inferir que las medidas de reactivación económica vayan a reportar grandes beneficios electorales al partido gobernante, ya que el diferencial actual, en intención de voto, entre el PSOE y el PP es muy reducido. Más bien, parece confirmarse la tesis de que el electorado, racional y con un juicio bien fundamentado no modificará su intención de voto ante una hipotética reactivación coyuntural; por lo que el centro-derecha podría beneficiarse electoralmente de la mala situación económica del país, la, cual viene marcada, básicamente, por el elevado nivel de desempleo.