El jefe de seguridad de la Junta de Andalucía dimite por el 'caso Ollero'

El consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Angel Martín Lagos, ha aceptado la dimisión presentada el pasado día 28 de marzo por el hasta ahora jefe del servicio de seguridad de la citada consejería, Manuel Gutiérrez Copado, quien ayer prestó declaración en calidad de imputado ante la juez Pilar Llorente, instructora del denominado caso Ollero, sobre el pago de comisiones ilegales.

Fuentes de la Consejería de Gobernación indicaron que en su carta de dimisión Gutiérrez Copado alude como motivo la implicación que pesa sobre él en la investigación del caso Ollero. Estos medios explicaron que la dimisión aún está bajo el correspondiente proceso administrativo y que todavía "no es efectiva", si bien ya adelantaron que Gutíerrez pasará a desempeñar un cargo de asesor en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y que de momento no se nombrará sustituto.Junto a Gutiérrez Copado prestaron ayer amplísimas declaraciones Urbano Cepa Fernández y Urbano Cepa Rojas, los dos socios propietarios de Impiasa (Industrias de la Piedra S. A.), dedicada a la manufactura de la piedra. Aunque de las declaraciones de ayer no trascendió nada, de la denuncia anónima que originó el asunto se sabe que Gutiérrez Copado está imputado de favorecer a Impiasa con la concesión de obras de servicios e informes por más de 100 millones,

Entre ellas figura una factura para el montaje, instalación y mantenimiento de los servicios de datos establecidos en el Casino de la Expo de Sevilla con motivo de las elecciones autonómicas de junio 1990. Se da la circunstancia de que las esposas de los dos socios trabajaban para la Consejería de Gobernación en calidad de funcionarias interinas, así como que se concediera este trabajo, de carácter técnico e informático a una empresa dedicada a la manufactura de piedra como objetivo social.

Según el anónimo en poder de la juez, "existe una factura de Impiasa, nº 10/90, donde curiosamente figuran partidas de estudio técnico por diez millones y medio de pesetas, alquiler treinta millones, supervisión cinco millones, todo montado ficticiamente y sin que además en la factura aparezca el número de identificación fiscal, de fecha 20 de junio". Esta factura, figura al parecer por un importe de siete millones.

Fuentes de la Consejería de, Gobernación señalaron ayer que la policía judicial ha estado recabando de la secretaría general técnica de la consejería todo tipo de documentación relativa al funcionamiento del área de Gutiérrez Copado desde 1990, "desde la compra de un candado y una cadena por 2.000 pesetas hasta otras facturas de cantidades mayores", apuntaron dichas fuentes.

La denuncia anónima responsabiliza a Gutiérrez Copado de ser un recaudador de fondos "para financiar al PSOE a través de concesiones a la empresa Impiasa".