La Hacienda central recurrirá a las 'vacaciones fiscales' propuestas por el Gobierno vasco

El Ministerio de Hacienda recurrirá ante los tribunales la decisión del Gobierno vasco de eximir del pago del impuesto de sociedades durante 10 años (vacaciones fiscales) a las empresas de nueva creación si las diputaciones vascas dan rango de norma al acuerdo aprobado el jueves por el Ejecutivo autonómico. Así lo comunicó ayer el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, quien calificó las medidas fiscales adoptadas de "excesivas" y advirtió que podrían "provocar distorsiones en la actividad económica a la hora de decidir la localización de las empresas".

El lehendakari, José Antonio Ardanza, calculó, durante la presentación del pacto institucional que incluye las vacaciones fiscales, en 7.000 u 8.000 millones de pesetas anuales el impacto recaudatorio de esta medida. El acuerdo, firmado con las Diputaciones vascas el miércoles pasado, fue rechazado por los consejeros socialistas del Gobierno autonómico.El secretario general de los socialistas vascos, Ramón Jáuregui, duda, según declaró ayer en conferencia de prensa, de que la exoneración cuente con la "cobertura legal comunitaria" y pidió a los nacionalistas que utilicen "con prudencia" el concierto económico.

Jáuregui trasladó a los periodistas la alarma que en una comunicación telefónica le había mostrado Zabalza. Poco después, la alarma se transformó en un aviso de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Zabalza señaló en un comunicado que las medidas fiscales aprobadas, además de ser "excesivas", provocarán una "disminución de la presión fiscal muy importante para los empresarios radicados en el País Vasco" frente a los del resto de España.

Los socialistas vascos mantienen como criterio para fomentar inversiones la localización de nuevas empresas en zonas afectadas por la reconversión industrial (margen izquierda del Nervión y algunas comarcas guipuzcoanas).

Los socialistas mostraron también su oposición a la reducción de la base imponible del impuesto de sociedades en un 50% de los beneficios que se destinen a una reserva especial para inversiones productivas. Los fondos se deben repartir entre este año y el siguiente y tienen que materializarse en activos productivos antes del 31 de diciembre de 1995. El PSE-EE considera que esta deducción "distorsiona la fiscalidad del entramado económico empresarial" y genera "dificultades de gestión fiscal", según el diputado de Hacienda de Álava, Roberto San Ildefonso. Ramón Jáuregui criticó la actitud de "radicalismo nacionalista" y de "sindicalismo de confrontación" del sindicato ELA-STV y de la central abertzale LAB. Para el dirigente socialista, el acuerdo entre Gobierno vasco y diputaciones no tiene "ninguna contrapartida social" y pidió al Ejecutivo autónomo que desarrolle "mesas de negociación para lograr una negociación más equilibrada".

[El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, José Luis Larrea, defendió ayer enérgicamente las medidas y aseguró que éstas no son excesivas ni discriminatorias, informa Efe. Ante la posibilidad de que la Administración presente un recurso, el consejero vasco dijo que, de producirse, "sólo demostraría seguir en la estrategia políticamente inaceptable del recurso sistemático a cualquier diferenciación fiscal en el ejercicio de sus competencias por parte de Euskadi"].

Reacción sindical

ELA-STV, sindicato mayoritario en el País Vasco, ha preferido no valorar el pacto. CC OO indicó que el acuerdo sólo contempla los intereses de los empresarios y que las medidas pueden derivar en una "guerra fiscal" entre las administraciones vasca, central y comunitaria. UGT advirtió que "la menor aportación de los empresarios y el recorte presupuestario de partidas importantes de carácter social pueden agudizar los desequilibrios sociales".La favorable reacción de la patronal vasca no se hizo esperar. El presidente de Confebask, José María Vizcaíno, espera que las medidas constituyan un "elemento dinamizador de nuevas inversiones".

El temor de la Administración central a que la medida se extienda por otras regiones no ha tardado en cumplirse. Ayer el CDS emitió un comunicado en el que pide vacaciones fiscales para las nuevas empresas en Asturias.