La Comisión de Valores expedienta a las empresas intermediarias de los antiguos gestores de KIO

Los anteriores gestores del grupo Torras-KIO, dirigidos por Javier de la Rosa, incumplieron la Ley del Mercado de Valores, según las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Poreste motivo, la CNMV abrirá próximamente expediente sancionador a las empresas intermediarias, controladas por dichos gestores con las que evitaron lanzar ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA) y/o facilitar la comunicación correspondiente en los registros oficiales, según aseguró ayer Luis Carlos Croissier, presidente de la Comisión. Croissier también subrayó que ha solicitado formal mente al Ministerio de Economía que se reforme la ley para ampliar su radio de acción, que en la actualidad impide, por ejemplo, que puedan ser sancionados los responsables de esas empresas intermediarias.

Luis Carlos Croissier adelantó el pasado 10 de febrero en el Congreso de los Diputados que la CNMV tenía fundadas sospechas de que los gestores de las empresas de Torras habían actuado contra la normativa de OPA y anunció, a preguntas del diputado de IU-IC Ramón Espasa, que había abierto una investigación al respecto. Croissier desveló, entonces, la trama urdida en Ercros, Prima Inmobiliaria y Ebro, que sustentaba sobradamente sus sospechas. Mes y medio después, los investigadores de la Comisión han llegado a una primera conclusión, que, según Croissier, pronto se hará pública.De acuerdo con la actual normativa legal, la sanción se aplica a las sociedades que infringen la ley y es extensible a sus administradores si esas sociedades son financieras (bancos, sociedades de Bolsa o intermediarias del mercado financiero). En el caso de las tres empresas investigadas no se trata de sociedades financieras, por lo que únicamente pueden ser sancionadas las empresas y no sus responsables. La sanción, por falta grave, sería de cinco veces los fondos propios de las empresas intermediarias, cuya cuantía no se conoce. Sin embargo, este tipo de sociedades se caracteriza por tener fondos propios muy bajos y manejar importantes cantidades de fondos ajenos.

Las infracciones, tipificadas como muy graves en la ley, fueron cometidas por sociedades interpuestas con el objetivo básico de diluir la participación del Grupo Torras en sus empresas filiales para evitar la OPA. En el caso de Prima Inmobiliaria, existen varias sociedades -algunas de ellas domiciliadas en paraísos fiscales- que estaban ligadas al principal accionista, Torras, y con las que ésta habría pasado a controlar más del 50% de la inmobiliaria. Este porcentaje obliga a lanzar una OPA. En Ercros, Torras declaró tener el 38%, pero una sociedad de su entonces vicepresidente, Javier de la Rosa, denominada Moa Redonda, tenía el 18%, con lo que también rebasaría el 50% y estaría obligada a una OPA. Por último, en Ebro, la actuación se refiere a un contrato privado entre Torras y Adone (controlada por De la Rosa y que ahora se llama Nuevo Atardecer) por el que evitan la OPA y eluden las comunicaciones correspondientes.

Nuevas normas

Todas estas actuaciones fueron calificadas como "apasionantes" por el propio Croissier en su comparecencia en el Congreso. Según el presidente de la Comisión no sólo eludieron la OPA, sino que también evitaron que la deuda de Torras se elevara en 253.000 millones de pesetas al no consolidar en el balance del grupo Prima y Ercros por no tener mayoría en ellas. El grupo presentó en la suspensión de pagos un pasivo de 243. 000 millones que habría duplicado si consolidaran.

La imposibilidad de actuar contra los gestores de las empresas que intermediaron, que se repite en otros casos, ha llevado a los responsables de la CNMV a solicitar al Ministerio de Economía que se reforme la actual Ley del Mercado de Valores, según reseñó ayer Croissier. El propio Croissier advirtió que tiene muy pocas esperanzas de que esa reforma pueda aplicarse en esta legislatura.

La propuesta de reforma de la Ley del Mercado de Valores se sustenta en tres ideas: permitir que la sanción pueda aplicarse a los administradores o directivos, de las sociedades que incumplan la ley, aunque no sean financieras; revisar las sanciones, de forma que se haga sobre los fondos involucrados en la operación fraudulenta y no sobre los fondos propios de la sociedad que cometa el delito como ocurre ahora "con el fin de que el castigo, sea más acorde con la falta cometida", y, por último, mejorar la tipificación de la Ley, de manera que puedan extenderse las actuaciones irregulares, sobre todo de información privilegiada.

El presidente de la Comisión también advirtió de la existencia de sociedades piratas no registradas que actúan en el mercado captando clientes para operaciones de alta rentabilidad que posteriormente resultan un fraude. Croissier señaló que la CNMV trabaja en contacto con la Policía para detectar este tipo de sociedades, que operan sin autorización de las autoridades bursátiles ni económicas.