Ni pausa ni prisa

LA COMISIÓN de Justicia e Interior del Congreso ha iniciado el dictamen del proyecto de nuevo Código Penal a un ritmo que hace previsible su aprobación en la actual legislatura. La elaboración de un nuevo código, acorde con los valores de la Constitución, era una de las tareas políticas y legislativas de mayor envergadura que tenía pendiente el actual régimen democrático. Las cuestiones a debatir son tan amplias e importantes que, en principio, no debe imponerse límite de tiempo alguno a su discusión. De ahí que esté bien que la comisión realice su dictamen sin pausa pero sin prisa. Sería una irresponsabilidad que una iniciativa legislativa tendente a dotar a la sociedad española del sistema punitivo adecuado a sus necesidades se llevara a cabo de manera atropellada y sin la reflexión doctrinal y el consenso político exigibles.En todo caso, la comisión no habría trabajado en balde si no llegara a concluir sus tareas. El debate parlamentario del proyecto servirá sin duda a la iniciativa que adopte al respecto la nueva mayoría parlamentaria que surja de las próximas elecciones. Ello ya ocurrió con el primer ensayo de elaboración del nuevo código planteado por el Gobierno de UCD en 1980. Las valiosas aportaciones doctrinales realizada! en dicho proyecto no se han perdido. Han sido utilizadas en las reformas parciales del Código llevadas a cabo por los socialistas en los últimos 10 años.

De ahí la importancia de que el nuevo Código Penal nazca con el mayor consenso parlamentario. Sería imperdonable que, apenas iniciada su andadura, comenzara a ser reformado en sus aspectos clave al gusto de las mayorías parlamentarias de turno. Uno de ellos, la mayoría de edad penal, ya ha surgido en el debate de la comisión, sin que los principales grupos parlamentarios llegaran a un acuerdo. El PSOE defiende que se mantenga en los 16 años -en contra de su primitiva posición de elevarla a los 18-, en tanto que el P-P propugna lo contrario, también en contra de la tradicional postura de la derecha.

La huida del oportunismo debería constituir la regla de oro en las tareas de elaboración de un texto legislativo que, como el Código Penal, debe nacer con vocación de perdurabilidad. Esta regla se ha cumplido en el tratamiento penal de los brotes racistas y xenófobos en la sociedad actual: todos los grupos parlamentarios han coincidido en agravar la pena de los delitos contra las personas cuando estén motivados por "el origen étnico o la nacionalidad de la víctima". Y esta regla debería cumplirse en todas las restantes cuestiones básicas del Código Penal, incluido el nuevo delito de difamación, que los socialistas pretenden desarrollar. El mal uso que algunos hacen del derecho a la información no justifica, en modo alguno, una norma punitiva que, en los términos en que está redactada, representa una grave amenaza a su ejercicio, fundamento del Estado democrático.