González presentará una batería de medidas anticorrupción en el debate de la nación

El presidente del Gobierno, Felipe González, presentará una batería de medidas legislativas contra la corrupción política en el debate sobre el estado de la nación, previsto para el 20 de abril. González ha movilizado a tal efecto a varios departamentos gubernamentales y a un equipo de diputados socialistas, que actualmente trabajan en la confección del plan. Una de las medidas en elaboración obligará a todos los cargos electos de las administraciones central, autónoma y municipal a hacer declaración pública de bienes. Con este plan, el jefe del Ejecutivo tratará de llevar la voz cantante en este terreno frente al líder del Partido Popular (PP), José María Aznar, y al resto de la oposición.

Felipe González no está dlspuesto a dejar pista libre para que Aznar galope a placer en el debate sobre el estado de la nación a lomos de uno de los caballos de batalla que más réditos parece estar dando al PP: la corrupción. Con tal propósito, el presidente del Gobierno se dispone a tomar la delantera esgrimiendo el 20 de abril en el Congreso un paquete de medidas legislativas y de normas de conducta más severas para atajar la financiación irregular de los partidos políticos.González anunció esta intención a los secretarios regionales de su partido y a los presidentes autonómicos socialistas en la reunión que celebró con todos ellos en La Moncloa el pasado 10 de marzo. Escasas semanas antes, varios ministros y un buen número de altos cargos del Gobierno social habían coincidido en reclamar de González la adopción de medidas económicas y contra la corrupción para intentar borrar del mapa político preelectoral la sensación de parálisis que ofrece el Ejecutivo.

Tan sólo dos días antes del anuncio de González, el máximo órgano de dirección del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) había aprobado una resolución oficial proclamando la "incompatibilidad moral" entre política y negocios, y reclamando medidas urgentes para dignificar la vida política española. Buena parte de las ideas que barajan los encargados de confeccionar el paquete anticorrupción del Gobierno coinciden con los planteamientos del PSC.

Desgravación fiscal

Además de generalizar a todos los cargos electos de la Administración pública la obligatoriedad de declarar sus bienes, las principales ideas que barajan los encargados de elaborar el paquete anticorrupción son la aplicación de desgravaciones fiscales a las donaciones de particulares a los partidos, la ampliación de las competencias del Tribunal de Cuentas, el endurecimiento de las sanciones y la creación de un registro público de contrataciones de las administraciones central y autonómica.El registro de licitaciones y contrataciones públicas no afectaría a la Administración municipal porque, según fuentes conocedoras de los trabajos de preparación de estas medidas, la existencia de más de 9.000 ayuntamientos en España haría que el fichero fuese prácticamente inmanejable.

Estas propuestas no tienen aún carácter definitivo, pues están en proceso de redacción. El eje del plan anticorrupción que Felipe González presentará en el Congreso será la modificación de la ley de Financiación de los Partidos Políticos, que se realizará a partir de un proyecto de ley del Gobierno o bien de una propuesta que elaboraría una comisión independiente creada a tal efecto.

Esta modificación persigue otorgar carácter de utilidad social a las donaciones de empresas y particulares a los partidos políticos, así como conceder beneficios fiscales a los donantes. De este modo, señaló una fuente socialista, se intentaría vencer la resistencia de las empresas a hacer públicas sus contribuciones a los partidos, que en su gran mayoría acaban realizándose de forma sumergida aún en el caso de que su cuantía esté dentro de los límites legales. La modificación comprendería también la creación de un registro de donantes.

También se ha sometido a consideración la posibilidad de elevar el tope máximo que fija actualmente la ley para las aportaciones económicas que una misma persona o empresa privada puede realizar a un partido político. Ese tope es hoy de 10 millones de pesetas al año.

En relación a este último punto, algunos encargados de elaborar el paquete de medidas opinan que el problema no radica en el límite máximo de aportaciones porque, aseguran, la preocupación de la mayoría de los donantes no es vulnerar esa limitación, sino mantener fuera del alcance de la opinión pública la existencia de sus contribuciones políticas.

Otra de las propuestas en elaboración apunta la conveniencia de aumentar las competencias de control e investigación del Tribunal de Cuentas, así como dotar a este organismo capacidad sancionadora, de la que hoy no dispone. Las nuevas competencias del Tribunal de Cuentas deberían permitirle ejercer un control real sobre los gastos electorales de los partidos, los cuales, a pesar del reciente acuerdo de reducción, hoy son incontrolables, según las mismas fuentes.