Embargadas en Barcelona 21.419 cuentas por impagos municipales

El Ayuntamiento de Barcelona ha tramitado en los últimos días un total de 21.419 diligencias de embargo de las cuentas bancarias de otros tantos ciudadanos por el impago de 1.852 millones de pesetas en multas de tráfico e impuestos. La actuación municipal ha provocado un verdadero alud de consultas y quejas por parte de los afectados. El grupo de Convergéncia i Unió (CiU) considera que el elevado número de avisos de embargo que se ha cursado contradice, por lo que a las multas respecta, el pacto suscrito el año pasado en materia de tráfico y disciplina vial.

Las colas frente a las oficinas del Instituto Municipal de Recaudación han alcanzado estos días dimensiones inauditas (de hasta 600 personas), mientras se colapsaban también los servicios de asesoría de entidades como el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) y la Organización de Consumidores y Usuarios de (OCUC), así como el Teléfono del Consumidor de la Generalitat.El propio Ayuntamiento de Barcelona ha reconocido esta situación, que atribuye al hecho de que la tramitación de los embargos se efectúa por paquetes a lo largo de todo el año, y no de forma individual. En esta ocasión, además, el número de diligencias ha doblado las que hasta ahora se venían produciendo.

El consistorio empezó con la práctica de embargar las cuentas corrientes de los morosos el año pasado. La primera acción de este tipo se produjo en mayo de 1992, y en aquella ocasión se tramitaron 7.889 embargos, todos ellos atribuibles al impago de tributos municipales. En octubre se produjo la segunda acción de este tipo, con 9.967 diligencias (de las que, por primera vez, 3.463 eran por multas de tráfico).

En esta ocasión, el número se ha disparado: 21.419 embargos, de los que 12.224 corresponden a multas de tráfico (impuestas en 1991 y el primer trimestre de e1992), un número cuatro veces superior al de octubre. El concejal de Hacienda, el socialista Joaquim de Nadal, justificó este incremento con el propio ritmo de los procesos administrativos que debe seguir una sanción.

El propio De Nadal admitió que, en la mayor parte de los casos, las personas a las que se les reclama la deuda ya no poseen el coche por el que se les impuso la multa o han abandonado la actividad por la que se les exige el pago de un impuesto (muchos de los censos dependen de otras administraciones, recalca). Hasta el punto de que difícilmente se podrá cobrar en realidad más del 25% de la deuda que se reclama (1.852 millones de pesetas).

Actuación "indiscriminada"

El portavoz de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, Artur Mas, calificó de "injustificable" el aumento que ha experimentado el número de embargos por multas de tráfico y señaló que esta actuación es "indiscriminada" -al no ir dirigida únicamente contra los infractores reincidentes- y, por tanto, contraria al acuerdo que los convergentes suscribiron el año pasado con los socialistas en esta materia.Joaquim de Nadal entiende, en cambio, que el gobierno municipal ha respetado escrupulosamente el proceso de tramitación que se pactó con los nacionalistas, y en cualquier caso advirtió: "El Ayuntamiento tiene la obligación de cobrar, y ello no responde a un insano deseo por recaudar a toda costa". De la misma opinión es el concejal de la Vía Pública, el también socialista Joan Torres, según el cual una vez iniciada la tramitación de una multa ya no se puede parar, y no se puede embargar a unos sí y a otros no. Torres acusó a CiU de "fariseísmo" por sus críticas y de haber buscado una excusa para romper el consenso.

El presidente del grupo del Partido Popular (PP) -el único grupo que no suscribió el denominado pacto de las multas-, Enrique Lacalle, consideró ayer que el tiempo había acabado dándoles la razón y que CiU no había hecho otra cosa al suscribir el acuerdo que apuntalar y "bendecir" el sistema empleado por el gobierno municipal. Un sistema que considera "cogido por los pelos" y con importantes dudas legales.

Lacalle reiteró asimismo la opinión de su partido de que el embargo de cuentas corrientes es inconstitucional: "No se puede confundir una deuda tributaria -que representa una obligación- con una sanción administrativa", dijo.

El PP criticó ayer asimismo que el Ayuntamiento haya mantenido durante todo el año 1992 y los dos primeros meses de 1993 la práctica de notificar las multas de tráfico a través del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) -1,6 millones de sanciones en este tiempo-, cuando aún había lagunas legales sobre este sistema. La entrada en vigor, el pasado 27 de marzo, de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo ya lo permite en todos los casos.