Andorra la nueva

EL PASADO domingo, la arcaica Andorra aprobó una nueva Constitución, con la que, transformando y modernizando sus estructuras profundamente, se convierte en un nuevo Estado soberano y democrático. La voluntad de los andorranos se manifestó claramente: dijo sí el 74,2% de los votantes (con una participación del 75% de un censo de 9.300 nacionales). A su lado conviven 25.000 residentes españoles (si no más), 3.000 franceses y 3.000 portugueses, que carecen de derecho de voto, pero cuya presión a favor de la modernización era indudable.Se combinan así los extremos dispares de una estructura estatal hasta ahora muy progresiva y desarrollada desde el punto de vista económico y completamente feudal desde el punto de vista sociopolítico. Un paraíso fiscal que, al término del siglo XX, necesitaba adecuarse a su entorno político.

En todo el proceso han intervenido los dos copríncipes integrantes de la Jefatura de Estado conjunta, el presidente de Francia y el obispo de la Seu d'Urgell. Y de los dos, el que con más dificultades se enfrentaba era el segundo. Porque si es cierto que con la nueva Constitución ambos han perdido casi completamente sus poderes ejecutivos, no lo es menos que sobre todo monseñor Martí Alanis necesitaba resolver algunos dilemas. Por una parte, importante para un miembro de la jerarquía eclesiástica: la posibilidad de que en el futuro, el nuevo Ejecutivo andorrano auspicie legislación que pueda ser contraria a las exigencias de su conciencia y que éste se viera obligado a sancionarla sin posibilidad de rechazo o negociación. Y por otra, que siendo los copríncipes garantes exteriores de la independencia e integridad de Andorra, no fueran desprovistos de un derecho de supervisión sobre los compromisos internacionales que pretendan adquirir los andorranos, por ejemplo, en materia fiscal o en acuerdos económicos o políticos.

Falta ahora la negociación de un tratado trilateral complementario: el que suscriban Andorra, Francia y España para asegurar su independencia. No puede olvidarse que el flamante Estado es un enclave que, sin la voluntad de los dos que le rodean, no puede asegurarse el ejercicio pleno de la soberanía que ahora adquiere en su nueva Constitución. En su negociación deberán intervenir los Gobiernos de Andorra, Francia y España (la primera vez que ésta lo hace directamente); se armonizarán así las relaciones de un país cuya economía está entroncada con España y cuya política ha dependido más de Francia, único Estado que ejercía una de las dos cosoberanías.