Pascual Sala advierte que el control político de los jueces es ajeno al Estado de Derecho
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pascual Sala, afirmó ayer que sería "imposible" y estaría fuera de lugar en un Estado de Derecho "intentar establecercualquier mecanismo de control político sobre las actuaciones de los jueces". El máximo representante del Poder Judicial salió así al paso de las declaraciones del secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas, sobrela conveniencia de ampliar el control sobre la labor de los jueces. Benegas matizó ayer que su propuesta, efectuada el domingo en Barcelona, se ciñe a aumentar las competencias disciplinarias del CGPJ.
Pascual Sala convocó ayer al mediodía, de forma imprevista, una conferencia de prensa en la que evitó polemizar directamente con Txiki Benegas, pero que utilizó para resaltar que "el control del Poder Judicial en España está perfectamente asegurado por la Constitución".El presidente del Consejo General del Poder Judicial rebatió implícitamente una de la afirmaciones más estrictamente políticas que había hecho Benegas en Barcelona.
Este dirigente socialista aludió, según la transcripción de sus declaraciones que él mismo leyó ayer en el Congreso de los Diputados ante un grupo de periodistas, a que "se trata de que no haya poderes irresponsables porque no dan cuenta ante nadie"
Sala afirmó que los jueces están sometidos a tres tipos de responsabilidades: civil, penal y disciplinaria. Las dos primeras, explicó, las establecen las leyes, y la tercera, es potestad del Consejo General del Poder Judicial. Por este motivo, afirmó, "el poderjudicial ni es un poder incontrolado ni incontrolable".
Pascual Sala sostuvo que la única interpretación que, desde su punto de vista, cabe hacer de las manifestaciones de Benegas en Barcelona es la de que el PSOE quiere "mejorar" el funcionamiento del servicio judicial, en sintonía con los acuerdos tomados la semana pasada por el Consejo General del Poder Judicial.
Sentido común
"Es imposible que pueda existir otra interpretación", insistió Sala, para a continuación recordar que los jueces están controlados por la vía de las responsabilidades que se les puede exigir en el terreno disciplinario en el ámbito del Derecho Civil y Penal. Para el presidente del CGPJ, pretender un control político de los jueces estaría "fuera de lugar en un Estado de Derecho", y no puede ser defendido "por nadie con sentido común".
A este respecto., Benegas se esforzó ayer en matizar que el PSOE no pretende establecer tal control político. Este dirigente socialista leyó lo que, según él, dijo exactamente en Barcelona al ser preguntado por un periodista en la escuela de invierno del Partido de los Socialistas de Cataluña: "Se puede reflexionar sobre si conviene o no introducir reformas o modificaciones de la ley que regula el Consejo del Poder Judicial y otorgar más atribuciones a este órgano para que exista un control, tanto en la gestión como en determinadas responsabilidades en que se pudiera incurrir". Benegas ratificó que se trata de una reflexión cuyas conclusiones quedarán recogidas en el próximo programa electoral del Partido Socialista.
"Yo creo que de lo que se trata" añadió Benegas, "es de que no haya poderes en España que no tengan que dar cuenta ante nadie". "Desde ese punto de vista", agregó, "se puede reflexionar sobre si conviene o no introducir reformas o modificaciones de la ley orgánica que regula el Consejo General, del Poder Judicial y otorgar más atribuciones a este órgano para que exista un control tanto en la gestión como en determinadas responsabilidades en que se pudiera incurrir".
En una posterior conversación informal, concretó que esa ampliación de competencias debería servir, entre otras cosas, para facilitar la apertura de expediente a los jueces que por ejemplo, demoren en exceso la instrucción de una causa. Un comentario que encontró una inmediata interpretación política en algunos parlamentarios de la oposición, que recordaron la indignación del PSOE por la dilatada investigación del juez Marino Barbero sobre el caso Filesa sin haber inculpado formalmente todavía a ninguna persona.
Pascual Sala aseguré, en su comparecencia ante los medios informativos, que en España el control de las actuaciones de los magistrados se halla "al mismo nivel que en el país donde esté más plenamente garantizado". En un tono conciliador, expresó su creencia de que no hay desconfianza del Gobierno en el Poder Judicial ni enfrentamiento entre el PSOE y los jueces.
Por su parte, el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, había indicado unas horas antes que "las cotas de independencia [del Poder Judicial] son irrenunciables, y lo que hay que hacer es profundizar en las competencias que la ley otorga al Consejo General del Poder Judicial".
La asociación Jueces para la Democracia estimó ayer "lamentable que la reforma que estima más urgente el partido en el Gobierno sea ésta, cuando siguen pendientes otras ( ... ) como, por ejemplo, introducir el Jurado o conseguir una auténtica policía judicial".
"Nos resulta sospechosa esta urgencia, por su coincidencia con investigaciones actualmente en curso que implican a destacados miembros del partido en el poder", similares a las de Italia y Francia, agrega el comunicado. La asociación reconoce que la responsabilidad de los jueces "es manifiestamente mejorable".
