Los senadores socialistas mantienen el pacto de la ley de huelga pese a los deseos de Solchaga

El Grupo Socialista del Senado despejó ayer una importante incógnita al presentar, en el último día de plazo, dos enmiendas de carácter técnico al proyecto de ley de huelga que no suponen ningún cambio significativo del acuerdo alcanzado con los sindicatos. La iniciativa choca con las recomendaciones del ministro de Economía, Carlos Solchaga, y con las declaraciones del presidente del Gobierno, Felipe González, que defendió cambios en la regulación de los piquetes.

Aunque las enmiendas socialistas no alteran el pacto con los sindicatos, el ponente del PSOE en el Senado, Joaquín Galán, apuntó la posibilidad de que su grupo acepte propuestas de otras formaciones, siempre que supongan "mejoras compatibles con la filosofía de los acuerdos alcanzados [con las centrales]". Las enmiendas que introduzca el Senado en el proyecto serán debatidas de nuevo en el Congreso, que tiene la última palabra.El Partido Popular, por su parte, presentó un veto a la totalidad del proyecto y 21 enmiendas al articulado. Tanto UGT como CC OO, que conocían las enmiendas socialistas, se felicitaron de que éstas no alteren el acuerdo. La CEOE reiteró su oposición al proyecto de ley.

Las dos enmiendas socialistas se refieren al capítulo III, que regula las garantías para el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. La primera de ellas, al artículo 13, punto 4, hace referencia al contenido mínimo de los acuerdos que deberán negociarse en los sectores y actividades especificados, y concreta más las diversas fórmulas de arbitraje obligatorio, al incluir entre ellas "la de la autoridad laboral".

La segunda de las enmiendas, al artículo 17.3, concreta que la Comisión de Mediación será dotada "en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social" de los medios personales y materiales para el desarrollo de sus funciones.

El ponente socialista, Joaquín Galán, explicó que ambas enmiendas, que modifican el enunciado del capítulo referido a los servicios mínimos no alteran "para nada el pacto establecido en su día por el Grupo Parlamentario Socialista [en el Congreso] con las centrales sindicales".

Sacralizar los piquetes

El PP presentó un veto a la totalidad del proyecto de ley de huelga y 21 enmiendas al articulado. Una de éstas se refiere a la necesidad de "no sacralizar" los piquetes, según explicó el senador popular, José Miguel Ortí Bordás. El Partido Popular justifica el veto a la totalidad por considerar que el proyecto recoge de forma imprecisa la definición del derecho que pretende regular el proyecto y por estimar que no garantiza adecuadamente otros derechos recogidos en la Constitución, como el derecho al trabajo.Mientras el texto actual recoge que las medidas adoptadas para el ejercicio del derecho de huelga deberán respetar la libertad de trabajo, el PP propone que se recoja que "la actuación de los convocantes de la huelga y de los participantes en la misma se considerará ilegal cuando su número, las acciones por éstos emprendidas o los medios utilizados dificulten o impidan el ejercicio de la libertad de trabajo".

Otra enmienda popular incluye la posibilidad de la votación para determinar o no la adhesión a la huelga. Además, el PP defiende la ampliación de casos en los que se pueda declarar la ilegalidad de una conovocatoria; la prohibición de que los huelguistas permanezcan en los locales de la empresa cuando se pueda impedir el trabajo de quienes no participan en la huelga; la calificación de huelga ¡legal "cuando provoque una grave desorganización de la capacidad productiva de la empresa" y la facultad de que el empresario decida los servicios mínimos cuando no haya acuerdo previo con los representantes de los trabajadores.

Izquierda Unida, por su parte, ha presentado nueve enmiendas al proyecto de ley que recogen, entre otrros puntos, la posibilidad de huelga de los miembros de las fuerzas armadas y de los policías.

CiU, que votó en contra del proyecto en el Congreso, defenderá en el Senado la posibilidad de intervención de los Gobiernos autónomos en el caso de que una huelga suponga un peligro para el sistema económico. Propone modificar también el artículo 23 y el 24, para que el despido sea posible en determinadas circunstancias como sanción por huelga ¡legal. CiU propone, además, que la huelga rotatoria o de celo sea calificada de "ilegal" y no sólo "abusiva", como el texto actual. El CDS solicitará determinadas restricciones de la ley cuando la huelga afecte a pequeñas y medianas empresas.

El secretario de acción sindical de UGT, Apolinar Rodríguez, aseguró que las enmiendas socialistas "cumplen el compromiso alcanzado en su día". Más cauta, la secretaria de empleo de CC OO, Salce Elvira, manifestó que las enmiendas "parece que respetan el acuerdo".

En el extremo opuesto, el representante de la patronal CEOE, Juan Hernández, reiteró la oposición empresarial al proyecto y aseguró estar "a la expectativa".

El diputado de Izquierda Unida Antonio Romero, a pesar de que las enmiendas del Grupo Socialista no vulneran el compromiso entre el PSOE y los sindicatos, aconsejó a éstos que no respiren tranquilos "hasta que no se tramite la ley de huelga en el Senado". Romero aludía así a la posibilidad de que el PSOE acepte enmiendas de otros grupos, como ha adelantado Galán.