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ELECCIONES EN FRANCIA

Una campaña a la antigua

La ley limita los gastos electorales a un máximo de cinco millones de pesetas por candidato

El extranjero que llega estos días a Francia no puede creer que este país esté en plena campaña electoral. Ninguna chillona caravana automovilística recorre las calles; los muros no están cubiertos de carteles; los suelos no están alfombrados de octavillas; los folletos no desbordan los buzones; los partidos no se anuncian en la televisión. Esa discreción es el resultado de las leyes que, a fin de impedir los escándalos de corrupción, limitan los gastos de las campañas electorales.La primera impresión del recién llegado se ve corregida en cuanto habla con los franceses. Si la campaña es discreta en las formas, el interés de los franceses por la política sigue siendo uno de los más altos del mundo. La gente habla de las elecciones en sus hogares, en sus Puestos de trabajo y en los bares y restaurantes. Lee las informaciones de los periódicos y sigue los numerosos programas de la televisión consagrados a la campaña. La participación en las elecciones de los días 21 y 28 será elevada.

Como ya ocurrió en las elecciones regionales de marzo de 1992 y en el referéndum sobre Maastricht del pasado septiembre, los partidos se ven obligados a hacer una campaña al viejo estilo: dialogando directamente con los ciudadanos en mercados, teatros y restaurantes. O haciendo pasar sus mensajes a través de los periodistas de la prensa escrita o audiovisual. Valéry Giscard d'Estaing visita cada día una localidad de su Auvernia natal; Jacques Chirac, de gira por la Francia profunda, se sienta cada noche a un "banquete republicano", una cena con sus militantes y simpatizantes locales; Michel Rocard reparte octavillas por los comercios de Conflans-Saint Honorins, y, en cuanto termina su trabajo en Matignon, Pierre Bérégovoy se va a celebrar mítines nocturnos.

La multiplicación de escándalos vinculados a la financiación ilegal de los partidos y las campañas electorales llevó al Parlamento francés a legislar de modo muy estricto en 1986 la propaganda política. Fueron prohibidas "las emisiones publicitarias de carácter político" en las radios y televisiones públicas o privadas del país. En adelante, las apariciones de los políticos debían limitarse a los programas informativos y los espacios concedidos gratuitamente por el Estado en los medios públicos en las vísperas de los comicios.

Pese a la ley de 1986, los escándalos de tráfico de influencias siguieron multiplicándose a finales de los años ochenta, lo que llevó al Parlamento francés a adoptar en 1990 disposiciones aún más estrictas para limitar los gastos de las campañas electorales. Las elecciones regionales de marzo de 1992 ya fueron un ejemplo de poco gasto. Lo mismo ocurrió en el referéndum sobre el Tratado de Maastricht del pasado septiembre.

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