Revocado el procesamiento de un supuesto violador por falta de resistencia

La Audiencia de Barcelona ha revocado el procesamiento que un juez dictó contra A. P. M. como supuesto autor de una violación cometida en Barcelona en octubre de 1992. El fundamento para revocar el auto de procesamiento es que, en opinión del tribunal, el supuesto agresor no empleó fuerza o intimidación y que la víctima no opuso resistencia. Matiza el auto que no se trata de que la mujer oponga una resistencia "heroica", pero afirma que la víctima de este caso se "limitó a solicitarle que no le diera besos, que trató de convencerle de que desistiera de su propósito, si bien para ello le habló cándidamente".El tribunal plantea que la escasa oposición de la mujer podía interpretarse como "una resistencia encaminada más a despertar la libido de la mujer que a oponerse a la relación sexual".

La víctima y el acusado -que se encuentra actualmente en libertad, también por decisión de la Audiencia, que revocó la prisión acordada por el juez- se conocían con anterioridad al 18 de octubre de 1992, día en que ambos habían concertado una cita que acabó en el domicilio del denunciado. Según el auto ahora revocado, la mujer hizo un intento de salir de la casa y "fue retenida sin utilizar especial violencia física por parte del acusado, que la condujo cogiéndola de las manos hasta el dormitorio, donde la echó encima de la cama y la desnudó completamente".

Condena de 44 años

Óscar García Prieto, Pedro Jiménez Jiménez y Miguel Félix Chico, de Navalcán (Toledo), han sido condenados por la Audiencia Provincial de Toledo a 132 años de prisión por nueve delitos de violación a una mujer deficiente mental, menor de edad cuando ocurrieron los hechos, en octubre de 1990, informa Efe.Los autores deberán indemnizar a la víctima con seis millones de pesetas. Por cada uno de los delitos, cada agresor es condenado a 14 años, ocho meses y un día de prisión menor, lo que hace un total de más de 44 años.

El fiscal calificó los hechos como delito continuado de violación y solicitó 12 años de prisión para cada uno de los acusados. La acusación particular, representada por Cristina Almeida, solicitó 126 años para cada uno por nueve delitos de violación.