Los motivos, políticos, del desacuerdo

"La piscina ya no tiene agua", dijo un dirigente de Comisiones Obreras en la última reunión de su consejo confederal. En otras palabras, un pacto entre el Gobierno y los sindicatos es ya imposible. Ni el aumento del paro ni la hipótesis de que el clima de desacuerdo favorezca las expectativas electorales del Partido Popular han incitado al entendimiento. Al contrario, eso aleja aún más las posiciones: UGT no está dispuesta a "salir en la foto" de un acuerdo con el Gobierno antes de las elecciones, y CC OO, aunque cualificados sectores de su dirección no lo aprueben del todo, no se arriesga a romper la unidad de acción con iniciativas negociadoras."En las condiciones actuales, un pacto de rentas no es posible ni conveniente" dice José María Zufiaur, el dirigente que junto a Nicolás Redondo más influye en estos momentos en las posiciones de UGT. "El Gobierno está haciendo puro electoralismo con sus propuestas de pacto", añade. "No quieren cambiar nada. Sólo pretenden conseguir esa foto que les vendría bien para ganar las elecciones".

A la vía del entendimiento, UGT contrapone la demanda de ese cambio sustancial de la política económica que el Gobierno ya ha rechazado: un presupuesto más expansivo y menores tipos de interés. Pero pide ese giro radical sin mencionar, como eventual contrapartida, la moderación salarial que todos reclaman a las centrales. Algo que algunos sindicatos en Europa estarían dispuestos a aceptar, como ha ocurrido en Italia, a cambio de una política que favorezca. la creación de puestos de trabajo.

Las dudas de CC OO

Con matices no sustanciales CC OO coincide con los planteamientos de UGT. Pero algunos dirigentes de la central que lidera Antonio Gutiérrez habrían sido partidarios de una posición más abierta hacia el Gobierno. Sin ceder en lo que sería su último argumento de fuerza en una negociación, es decir, las reivindícaciones salariales, (un crecimiento medio en torno al 7% frente al 2,3% demandado por la CEOE), la idea de iniciar un diálogo se había ido abriendo paso en la mente del secretario general de CC OO tras la huelga general del 28 de mayo. El que sólo fuera seguida por un tercio de los asalariados venía a demostrar, para algunos, que la capacidad de movilización sindical era menor de lo que ellos mismos esperaban.

La imposibilidad de convocar una segunda huelga general en esas condiciones y la recesión económica provocaron ese cambio de actitud: la inflexibilidad de las posiciones del Gobierno tampoco han favorecido que se haya traducido en nada concreto. En todo caso, se trata de una actitud fundamentalmente táctica. No hay grandes diferencias ideológicas con UGT: además en el sindicalismo de base la situación es la contraria: en general, aunque hay muchas excepciones, en las empresas los duros son los de Comisiones y los moderados los de UGT.

"Algunos, y no somos pocos, todavía pensamos que es oportuno un cierto entendimiento con el Gobierno" dice Julián Ariza, dirigente de CC OO y miembro de la Comisión Federal del, PSOE. Pero más que la oposición del sector duro del sindicato, encabezado por el antiguo secretario general, Marcelino Camacho, y por Agustín Moreno, y que las eventuales presiones de Izquierda Unida, ha sido la necesidad de mantener la unidad de acción con UGT, el. peligro de quedarse aislada en una posición dialogante, lo que ha impedido que esa vía se abra paso. A principios de febrero, esa tensión se hizo patente: el día 3, Antonio Gutiérrez aseguraba estar dispuesto a discutir con el Gobierno una reforma global del mercado de trabajo: es decir, también la eventual eliminación. de la autorización administrativa para las regulaciones de empleo, uno de los puntos cruciales del enfrentamiento.

Venticuatro horas después y tras una reunión con Nicolás Redondo, el secretario general de CC OO cambiaba radicalmente de posición: la hipotética. negociación quedaba aplazada sine die. Ese mismo día, Agustín Moreno había sugerido la posibilidad de una huelga general si el Gobierno suprimía el conflictivo trámite. En su opinión, un millón de puestos de trabajo se verían implicados por la medida. Pero las cifras oficiales indican que en 1991 ese supuesto sólo había afectado a 68.000 trabajadores (15.000 en empresas de más de quinientos) del total de más de 300.000 despidos que en ese periodo se habían producido. Hasta los análisis estadísticos son irreconciliables.

El giro social

Restablecida, en torno a las posiciones de UGT, la unidad sindical, las centrales exigen un cambio sustancial de la política económica. Lo piden hace años. Pero ahora el acento no se pone en el giro social que hasta hace poco demandaban. Aunque formalmente no hayan renunciado a ello, piden una política económica más expansiva y no mayores gastos sociales: tal vez porque algunas de sus reivindicaciones -el aumento de la cobertura del desempleo, que ya alcanza a más del 65% de los parados, y la indexación de las pensiones- fueron acordadas con el Gobierno en febrero de 1991. El decretazo de abril recortó otros compromisos de entonces. Pero ahora, cuando la CEOE denuncia aquellas "concesiones intolerables", los sindicatos han dejado de insistir en esa querella.

La Ley de huelga es un nuevo frente de batalla. La UGT y el sector duro de la dirección de CC OO ven ese acuerdo con una parte del PSOE como el ejemplo de la única vía de negociación posible, lo consideran un éxito, casi un gol, y no van a aceptar modificaciones. En materia salarial, la distancia, más que táctica, es esencial. Mientras el Gobierno asegura que en los tres últimos años los salarios industriales han crecido un 22% y los precios del sector sólo un 7%, José María Zufiaur, refiriéndose al conjunto de la economía, declara: "Durante los últimos años los salarios se han comportado de forma moderada. No han absorbido el crecimiento de la productividad: ha habido, de hecho, una moderación salarial y, además, ha sido gratuita".

El círculo de la imposibilidad de un acuerdo antes de las elecciones se cierra con la actitud de la CEOE. José María Cuevas acaba de advertir del peligro de que Felipe González se pliegue a los sindicatos. Cualquier concesión sería denunciada por la organización patronal poco menos que como una rendición ante las centrales, y sería una prueba de debilidad, precisamente en momentos preelectorales. En estas condiciones no sólo parece evidente que el Gobierno ha perdido la batalla sindical: es incluso difícil entrever cómo podría abrirse un clima de diálogo tras las próximas eleciones, sea cual sea su resultado.