Objetivo Garzón
EN EL juez Baltasar Garzón se comprueba como en ningún otro la transformación que ha sufrido la judicatura en el tránsito de la dictadura a la democracia: del juez residual al que sólo se le dejaban asuntos menores o que afectaban al ciudadano corriente, al juez constitucional al que en principio ningún asunto ni persona le son ajenos. A ello contribuye, en primer lugar, el hecho de que ejerza sus funciones en la Audiencia Nacional; es decir, el órgano jurisdiccional donde se sustancian los asuntos social y jurídicamente más complejos, como son el terrorismo, el tráfico de drogas y la delincuencia económica. Y también, sin duda, la dedicación y el rigor con que actúa en la investigación de los casos que llegan a sus manos.No es extraño, pues, que este tipo de juez para el que no existen fronteras a su iniciativa investigadora, ni en cuanto a la materia ni en cuanto a las personas, salvo las de la ley y el procedimiento, suscite inquietud en aquellos ámbitos de actividad tradicionalmente preservados a la acción de la justicia. No sólo en España; también en otros países democráticos. En Italia y en Francia, los jueces se hallan inmersos ahora mismo en una agria polémica respecto del papel que están desempeñando en el descubrimiento de los innumerables casos de corrupción político-financiera en que se halla envuelta la clase dirigente de aquellos países.
En los cinco años que lleva como titular de uno de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, al juez Garzón le ha correspondido investigar casos de los más variados y poderosos intereses: político-institucicínales, como el de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL); económicos, como la Operación Nécora contra una importante red de narcotraficantes; corporativo-institucionales, como el desmantelamiento de la Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga (UCIFA) de la Guardia Civil por prácticas delictivas de una parte importante de sus miembros al socaire de la lucha contra la droga. De ahí que su actuación haya estado sujeta a controversia y que los diversos intereses afectados, cada cual según sus posibilidades, hayan recurrido a todas las maniobras extraprocesales a su alcance para minar el prestigio profesional o personal de dicho juez. En esta tarea, el papel de la prensa de la caverna ha sido notorio, ensalzando a veces hasta el ridículo su labor, y denigrándola hasta el vituperio, según su conveniencia.
La última maniobra de este estilo ha sido la denuncia por prevaricación y falsedad formulada contra el juez Garzón por su actuación en el sumario abierto al traficante internacional de armas Monzer al Kassar y su seguimiento por detectives privados. A los denunciantes no les ha importado que las notas manuscritas en que basan la acusación hayan sido sustraídas del despacho judicial ni que éstas correspondan a instrucciones internas de la dirección del sumario. Tampoco el origen oscuro de este material ha impedido a los abogados firmantes de la denuncia utilizarlo desde un pretendido "deber legal" y con claro menosprecio de las más elementales normas de deontología profesional. Como tampoco dicho origen ha impedido a la prensa cavernícola dar a este deleznable material la más amplia cobertura informativa, aun después de haber sido calificado de "absolutamente rechazable" por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. ¿Qué oscuros intereses económicos o de otro jaez están detrás de esta maniobra, ampliada hasta la exageración por la prensa tradicionalmente más manipuladora?
Este episodio, más allá de su propia singularidad, muestra hasta qué punto es real el riesgo de instrumentación de la justicia. Y que en esta ocasión haya sido un juez el medio utilizado para este fin debería servir para sensibilizar aún más a la judicatura ante este tipo de maniobras. La amplia iniciativa procesal de la sociedad y la libertad de defensa cumplen su función cuando sirven a los intereses de la justicia. Se pervierten cuando se utilicen para otros fines. Como también la libertad de expresión.
