Las víctimas de Hipercor arrastran secuelas físicas y psíquicas seis años después de la matanza de ETA

Los supervivientes del trágico atentado contra Hipercor en Barcelona, provocado por la explosión de 25 kilos de amonal que colocó el etarra Rafael Caride Simón en esos almacenes el 19 de junio de 1987, arrastran secuelas físicas y psíquicas seis años después de los hechos, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Esta entidad, nacida en Cataluña a causa del atentado que costó la vida a 21 personas y heridas a 45, desea que los terroristas cumplan íntegramente las condenas. "Que se pudra en la cárcel [Caride Simón]", afirmó ayer Pepi Candalija; su madre y su hermana sufren aún las consecuencias de la explosión.

"Que no salga más a la calle, que sufra todo lo que han pasado las familias y los heridos. Eso es lo que esperamos todos", respondió Candalija al pedírsele la opinión sobre la detención de Caride. El 19 de junio de 1987, su madre, Agustina Cabanillas, de 66 años, y su hermana María del Carmen, de 31, se encontraban comprando en Hipercor. La potentísima explosión provocó quemaduras en el 67% del cuerpo de la madre de Pepi Candalija. "Sí, mi madre está bien" , comentó irónicamente Pepi, "sólo ha tenido que operarse 10 veces. Encima, ahora le ha sobrevenido una diabetes generada, según los médicos, por la angustia que soporta desde entonces".Pero su pesadilla no termina ahí: María del Carmen, dependienta de una zapatería, continúa de baja por problemas de circulación sanguínea a resultas de las quemaduras. "Mi hermana no lo ha superado y continúa marcada por aquel horror. Pero es algo que procuramos olvidar", explica Pepi. No es un caso aislado: al menos seis de las 40 familias afectadas reciben ayuda psíquica. Algunos han gastado millones en psiquiatras.

De las 35 personas heridas, nueve arrastran lesiones físicas y cinco de éstas han tramitado su invalidez. Sin ir más lejos, el portavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Roberto Manrique, que sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo, lleva un año de baja y gestiona la invalidez absoluta. Más casos: Beatriz Omandan, de origen asiático, perdió fuerza en las manos para seguir creando esculturas; José Manuel Alonso se vio incapacitado para continuar con su empleo de planchista mecánico; Adelina Somoza, ama de casa, obtuvo una pensión por las graves lesiones sufridas; Rodrigo Galicia, que enviudó, tiene la baja por problemas psíquicos.

"La mayoría de los afectados no siente rencor, pero desea que los etarras cumplan la condena íntegra", opinó el abogado de la asociación, José María FusterFabra. Álvaro Cabrerizo, comerciante, perdió a su mujer, Carmen Mármol, y a sus dos hijas, Sonia y Susana, cuando quedaron atrapadas en su automóvil en el aparcamiento de los almacenes al explotar la bomba. Hace dos años, Cabrerizo guardaba en un cajón de su tienda un recorte viejo de periódico cuyo titular rezaba: "1.588 años para Domingo Trotiño y Mercedes Ernaga". Los dos eran miembros del comando Barcelona y compañeros de Caride. Cabrerizo se lamenta desde hace tiempo de que los etarras permanezcan sólo varios años entre rejas y después gocen de los beneficios penitenciarios como presos comunes.

Trece familias litigan aún para que el Estado sea declarado responsable civil subsidiario, como ocurre en otros países europeos, a fin de cobrar indemnizaciones. "Algunos heridos sólo han cobrado 300.000 pesetas por los días de baja", dice Manrique.