Las siete grandes ciudades españolas reclaman una participación en el IRPF

Los alcaldes de las siete grandes ciudades españolas -Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Bilbao , reunidos ayer en Barcelona, han acordado solicitar al Gobierno una participación fija en la recaudación del IRPF en sus respectivos municipios, con el fin de superar las insuficiencias del sistema de financiación local.

El planteamiento de establecer una participación de los grandes ayuntamientos españoles en el impuesto sobre la renta -una más de toda una serle de propuestas concretas de carácter económico efectuadas ayer por los alcaldes- es análogo al que se discute en la actual negociación para la revisión del sistema de financiación autonómica (y que podría fijar la participación de las comunidades en el 15% de la recaudación del IRPF). Las discrepancias que provoca esta opción no se han reproducido, sin embargo, entre las siete grandes ciudades, cuyos alcaldes -pertenecientes a diferentes fuerzas políticas- hicieron gala ayer de una rara unanimidad.En la reunión participaron los alcaldes de Madrid, José María Alvarez del Manzano (PP); de Barcelona, Pasqual Maragall (PSC); de Valencia, Rita Barberá (PP); de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos (Partido Andalucista); de Zaragoza, Antonio González Treviño (PSOE); de Málaga, Pedro Aparicio (PSOE), y de Bilbao, Josu Ortuondo (PNV), así como el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez (PSOE).

Los alcaldes fueron, sin embargo, muy cautos a la hora de desarrollar este punto y evitaron concretar qué porcentaje del IRPF aspiran a gestionar. Pasqual Maragall, en nombre de todos ellos, desvinculó la propuesta municipal de la cuestión autonómica y afirmó que no pretenden "abrir un proceso de confrontación" entre los diferentes niveles de administración.

Una de las principales conclusiones de la reunión -que serán presentadas próximamente al presidente del Gobierno, Felipe González- alude a la necesidad de que las siete grandes ciudades españolas dispongan de una legislación especial que responda a sus necesidades y que prevea la delegación de competencias y recursos por parte de las administraciones superiores. Principalmente, en materias como seguridad ciudadana, seguridad vial y protección del medio ambiente.

El 25% del gasto público

El aspecto más desarrollado en la reunión fue el económico. Todos los alcaldes se mostraron de acuerdo, a este respecto, en proponer medidas que permitan aumentar la participación de los poderes locales en la gestión del gasto público neto hasta el 25%.Aparte de la participación en el IRPF, los alcaldes acordaron plantear la reforma de la gestión de determinados impuestos -el de Bienes Inmuebles y el IAE- y del procedimiento para el cobro de multas, el aumento de la dotación del Fondo de Cooperación Municipal y la creación de fondos similares a nivel autonómico, y la financiación especial de aspectos como los denominados gastos de suplencia, el transporte y los organismos metropolitanos, entre otras propuestas.