El abogado de un dirigente del PP de Baleares acusado de soborno solicita que se anulen las pruebas grabadas

La Audiencia de Palma de Mallorca comunicará hoy a las partes si acepta como prueba inculpatoria unas cintas magnetofónicas en el juicio iniciado ayer contra Miguel Deyà, responsable de Urbanismo del Partido Popular en Baleares, acusado del intento de soborno de un concejal socialista de Calvià. La defensa de Deyà pide la nulidad de las pruebas y alega que las cintas fueron grabadas de manera ilícita. La cuestión previa presentada ayer por la defensa de Miguel Deyà -acusado por el fiscal de un delito de sedición o, alternativamente, uno de cohecho-, solicitando la nulidad de las cintas por haber sido registradas de manera ilícita, provocó ayer la suspensión de la vista a las dos horas de iniciarse ésta. En medios cercanos al Partido Popular se pretende que, como sucedió en el caso Naseiro, el juicio del denominado caso Calvià se suspenda definitivamente y que los acusados queden sin cargos.José Miguel Campos, concejal socialista de Calvià, y el PSOE denunciaron hace un año el intento de soborno por 100 millones de pesetas del que fue objeto el propio edil. Éste hubiera. percibido esta cantidad si hubiese abandonado el Grupo Socialista y, propiciado con su voto el acceso del PP a la alcaldía de Calvià.

Campos aporta como pruebas unas cintas grabadas por él mismo durante sus encuentros con Deyà, Andrés Bordoy, vicepresidente del PP de Calvià, y el empresario Guillerm Ginard, también procesados en la misma causa. Los hechos juzgados motivaron que el PSOE acusara a la cúpula del PP balear de urdir la compra del voto del concejal socialista José Miguel Campos. Ello hubiera propiciado el acceso de un representante del PP a la alcadía de Calvià, importante municipio turístico próximo a Palma de Mallorca, lo que hubiera mejorado las expectativas de negocios urbanísticos de grupos relacionados con los presuntos autores del intento de soborno.

Petición de penas

Deyà y Ginard, condenado por narcotráfico y estafa, afrontan una petición por parte del fiscal de seis y ocho años de cárcel, respectivamente, si el tribunal considera que cometieron un delito de sedición; y de cuatro años y seis meses de arresto y 100 millones de pesetas de multa si se dictamina que fue un cohecho. La acusación particular, reitera la misma calificación que el fiscal, pero implica como coautor del supuesto soborno al vicepresidente local del PP, Andrés Bordoy.La estrategia jurídica diseñada desde medios próximos al PP de Baleares para sortear las presuntas responsabilidades penales de Deyà, es análoga a la utilizada para obtener la nulidad de las pruebas y el sobreseimiento de la causa en el caso Naseiro. Deyà nombró como defensor a última hora, a Luis Rodríguez Ramos uno de los penalistas que logró que el Tribunal Supremo anulara en junio de 1992 las cintas inculpatorias grabadas por orden de un juez de Valencia como pruebas contra Naseiro y Sanchís.