83 familias viven entre grietas mientras sus pisos del lvima están parados

Es como un espejismo. Día tras día, 83 familias del poblado de absorción de Canillas, en el distrito de Hortaleza, ven, desde sus agrietadas y minúsculas viviendas, los nuevos pisos donde el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), dependiente de la Comunidad, tiene previsto realojarles. Pero el traslado parece no llegar nunca. La obra, casi concluida, está paralizada, después de 12 meses de retraso, por la suspensión de pagos de dos de las constructoras, Fersa, SA, y Cedoc, SA El subdirector del Ivima, Miguel Barrio, asegura que "para marzo estarán en sus nuevas casas". Ellos no están tan seguros.

La presidenta de la asociación vecinal de Canillas-San Fernando, Antonia Moral, no entiende "cómo se han hecho las adjudicaciones de obras para que en tres años haya dos suspensiones de pagos". "Los obreros de Cedoc ya vinieron diciendo desde el primer día que la sociedad andaba mal, ¿cómo es que les dieron la contrata?", se pregunta. El Ivima quita hierro al asunto con el argumento de que "son malos momentos para las constructoras".Todas las familias afectadas tenían que haber recibido sus pisos en marzo de 1992, en régimen de alquiler con opción a compra. Sus actuales viviendas, una veintena de casitas bajas y dos bloques de pisos de la calle de Montemayor de Pililla, están pendientes de derribo. Construidas en los años cincuenta con material de aluvión, presentan humedades y grietas en fachadas, techos, escaleras y paredes. Muy pocas tienen más de 30 metros cuadrados de superficie. Lo único bueno es el irrisorio alquiler: 160 pesetas mensuales, que antes pagaban al Ministerio de la Vivienda y ahora al Ivima.

A pocos metros se alza el barrio prometido, formado por 64 viviendas en altura y 19 adosados. Las nuevas casas, amplias, modernas y luminosas, no tienen nada que ver con los cochambrosos pisos donde ahora viven. Y la sensación de tener delante un caramelo y no poder cogerlo ha desatado los nervios de los vecinos.

Las obras comenzaron en 1989, y las viviendas debían entregarse tres años después. Pero este plan comenzó a trastocarse cuando hace un año la empresa Fersa, SA, encargada de la edificación, presentó suspensión de pagos. Fue sustituida por Cubiertas y MZOV, SA. Poco después, los problemas se reprodujeron: la compañía Cedoc, SA, que en junio se encargó de la urbanización de calles y aceras, también presentó suspensión de pagos. En enero fue reemplazada por Inteur, SA, pero ya había acumulados 12 meses de retraso.

Mes y medio más

El Gobierno regional espera realojar a los vecinos en mes y medio. Sólo falta la urbanización de aceras y calles y la acometida de gas y electricidad. Pero entre las familias reina el escepticismo. Saben que una vez reanudados los trabajos, éstos acabarán pronto. "¿Peró cuándo los van a retomar?", se preguntan. Los representantes vecinales se reunirán mañana con la gerente del Instituto de la Vivienda, Milagros Calle.