"Garantizo firmeza si se atenta contra mi honorabilidad"

Marino Barbero asegura que no se le puede "involucrar en ningún hecho ilícito de ningún tipo" en unas declaraciones publicadas en su último número por la revista Tribuna. "Cualquier cosa que se diga de mí ajena a este caso [en relación a Filesa] abunda en el hecho de que ya se me iban buscando cosas desde hace semanas sin encontrar nada, desde luego, y eso es evidentemente torticero", agrega. Barbero advierte que, "como alguien quiera atentar contra mi honorabilidad, desde luego le garantizo que la misma firmeza que estoy demostrando en otros asuntos la demostraría en éste".Las palabras de Barbero son anteriores a las declaraciones realizadas el viernes por el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien aludió de forma apenas velada al instructor del caso Filesa. "Si aquí se preguntara a todos los magistrados que van al Supremo, no por su ideología, sino si cumple sus deberes cívicos pagando sus cuentas pendientes con las instituciones financieras, algún juez no estaría investigando cómo pagan los créditos los partidos políticos y, en especial el PSOE, sus cuentas bancarias", dijo.El comentario de Rodríguez Ibarra se interpretó como referido al impago de un crédito hipotecario concedido a Barbero por la Caja de Plasencia, ahora denominada Caja de Extremadura. El vicepresidente de dicha institución financiera es secretario del PSOE de Cáceres, Félix Dillana, y por tanto persona próxima al presidente extremeño. Sin embargo, éste desmintió ayer que sus manifestaciones se refirieran concretamente al magistrado instructor del caso Filesa.

Crédito impagado

Barbero compró en 1976, por 6.450.000 pesetas, la vivienda que ocupa actualmente con un crédito de la Caja de Ahorros de Plasencia. Uno de los avalistas fue el ex presidente del Congreso Gregorio Peces Barba.En 1980, el magistrado dejó de pagar el crédito, debido a sus dificultades económicas, y llegó a un acuerdo con la Caja de Plasencia, ahora Caja de Extremadura, en virtud del cual ésta se quedaba con la propiedad de la vivienda, pero permitía a Barbero y a su esposa seguir ocupándola hasta su fallecimiento. El acuerdo, inusual pero no ilegal, según fuentes de la entidad, fue ratificado por su Consejo de Administración en junio de 1980.Las críticas de Rodríguez Ibarra serán abordadas mañana en el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si lo reclama el magistrado, cinco vocales o el presidente, Pascual Sala.