Una juez pone la gestión de Prima Inmobiliaria en manos de dos interventores bajo sospecha
Joaquín Lluch Rovira y Carmina Soler Balaguero han sido designados por una juez como interventores de una de las suspensiones de pagos más importantes de los últimos años: la de Prima Inmobiliaria, del grupo KIO. Y ello a pesar de que ambos figuran en el informe del Consejo General del Poder Judicial que revela presuntas irregularidades en la asignación de las quiebras y suspensiones de pagos de los juzgados de Madrid.
Tres meses después de que el Consejo enviara ese informe a la fiscalía de Madrid para su investigación, dos juzgados locales (el 50 y el 49) han encomendado asuntos a Lluch Rovira, entre ellos Prima Inmobiliaria y varias de las empresas del grupo Candy.Los interventores son profesionales del derecho o de la economía que se ocupan de controlar una empresa en suspensión de pagos o quiebra mientras los jueces resuelven el caso, gestión por la que perciben sustanciosos beneficios. El Poder Judicial emprendió su investigación ante el hecho de que cuatro interventores judiciales de Madrid acaparasen la mayoría de las quiebras y suspensiones que llegaban a los juzgados de la plaza de Castilla (ver EL PAÍS del pasado 17 de septiembre).
Las dietas de estos profesionales pueden oscilar entre 250.000 pesetas mensuales -para suspensiones de hasta 50 millones- y los tres millones de pesetas para suspensiones de 5.000 millones. El exceso de 5.000 millones se suele tarifar al 0,2%. Todo ello sin perjuicio de los honorarios que luego se negocien con la empresa, partiendo de las tarifas de los colegios a los que los interventores pertenezcan. Prima Inmobiliaria presentó suspensión de pagos con un pasivo que supera los 10.000 millones de pesetas.
Indignación
Según la investigación del CGPJ, Lluch Rovira es de los auditores que más quiebras y suspensiones de pago han acaparado en los últimos años. Pese a este informe -y pese a la investigación que desarrolla la fiscalía- ni Lluch Rovira ni Carmina Soler se han quedado en el paro. El juzgado 49 nombró a Lluch Rovira el pasado 15 de enero para gestionar las empresas Candy Urbe, SA, Candy Mensajería, SA, Candy Mailing, SA, e Icibansa; y el 16 de diciembre de 1992, para la suspensión de Prima, en la que también figura como interventora Carmina Soler.Ambos se encuentran entre los cuatro interventores (de los más de 1.000 titulados que hay en Madrid) que más asuntos acapararon entre 1990 y mayo de 1992: Lluch intervino en 72 casos de empresas en crisis, con un pasivo total de 73.197 millones de pesetas, según la investigación del Poder Judicial. Carmina Soler gestionó 26 compañías, con un pasivo de 21.393 millones.
Las fuentes judiciales que denuncian la reincidencia de Lluch Rovira en la gestión de empresas en crisis se sienten indignadas porque estas mismas personas "sigan ejerciendo tales actividades".
Este periódico intentó ayer, sin éxito, conversar con la juez de primera instancia número 49 de Madrid, Amella Reíllos, cuyo juzgado ha elegido a Lluch Rovira como comisario de la quiebra de varias de las empresas de Candy. El secreta río de este órgano judicial tampoco ha querido hacer declaraciones al respecto, según indicó a este periódico una de sus su bordinadas.
Carmen Gamiz, secretaria del Juzgado número 50, que ha designado a Lluch Rovira como interventor de la suspensión de Prima, indicó ayer: "Tengo noticias oficiosas de que esa investigación está cerrada. La elección del interventor es una facultad discrecional del juez, que actúa en función de la confianza que tenga en la gestión de esa persona y de las otras que intervienen". La titular de este juzgado es Josefa Ruiz Marín.
Ell fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández, señaló ayer que las pesquisas sobre las presuntas irregularidades advertidas en el reparto y asignación de estos casos se están desarrollando "con tranquilidad, pero sin calma". Fernández considera inadecuado avanzar en este momento qué aspectos concretos se estudian, aunque aclaró que, de momento, "no se está investigando a ninguna persona", sino solamente los hechos. Admite que en los últimos tiempos ha habido "una extraña práctica usual" en casi todos los juzgados de primera instancia, al encomendar a un grupo reducido de interventores -"que por otra parte lo hacen bien"- la gestión de las quiebras y suspensiones.
Las pesquisas del Poder Judicial sobre estas presuntas irregularidades comenzaron a instancias del ex decano de los jueces de Madrid Antonio García Paredes y del actual presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger.
