"El decreto contra el Alfil es correcto"

José Mario Corella, madrileño, de 61 años, llegó al Ayuntamiento de Madrid tras pasar por los de Cabeza de Buey (Badajoz), Osuna (Sevilla) y Aranda de Duero (Burgos). La diferencia era tan abismal que hasta le cambió el nombre. En los pueblos era don José, y en Madrid, don Mario.

Pregunta. ¿Cómo está la salud legal del Ayuntamiento?

Respuesta. La misma de siempre. Es decir, que no siempre hacemos las cosas bien. Donde hay 20.000 funcionarios, unos trabajan mejor y otros peor. El problema de la legalidad recae más en la actuación de los funcionarios que en la de los políticos. Muchas veces, los funcionarios hacemos meter la pata a los políticos.

P. Pero quizá porque los políticos se precipitan.

R. Ocurre por apresuramiento, por falta de medios o por ganas de satisfacer al político. Lo que hay que hacer es orientarle bien. Muchas veces se puede conseguir lo que quiere el político, pero por otros caminos que comportan un poco más de tiempo, pero están dentro de la legalidad.

P. El gobierno municipal está recurriendo bastante a usted.

R. Estoy siendo, quizá, demasiado apagafuegos. Vienen a consultarme cuando han provocado el incendio en vez de hacerlo antes de que el incendio se declare. Lógicamente, lo que deberían hacer es preguntar: "Oye, quiero hacer esto, vamos a ver cómo lo hago", en vez de: "Hago esto, y ahora justifícamelo tú jurídicamente".

P. El caso del teatro Alfil. ¿El decreto de cierre de Ángel Matanzo era correcto?

R. El decreto de suspensión de la actividad era jurídicamente correcto. El teatro Alfil tenía una licencia de actividad para teatro y después hace unas obras para convertirlo en caféteatro y atraer al público con un aliciente complementario. Hace las obras, solicita la licencia de actividad sin cumplir los requisitos y sin aportar la documentación exigida, inicia la actividad. Entonces, se dicta el decreto de suspensión -bien dictado- y se advierte que si no se paraliza la actividad [la de madrugada], se puede precintar.

P. Pero el alcalde lo anula.

R. Lo que ha hecho el alcalde es suspender la ejecutividad del decreto hasta tanto se aporte toda la documentación. Sí no se aporta la documentación, recobra su fuerza el decreto.

P. ¿No hay demasiados -trámites para abrir un local?

R. Seguramente, pero tampoco es tan difícil. Tenernos una ordenanza de tramitación de licencias, en la que se modificaron los plazos en favor del administrado, que fija todos los requisitos que se deben cumplir, los mínimos para que no ocurra lo de Alcalá 20 [más de 80 muertos en el incendio de la discoteca, en 1983], que es uno de los problemas que subyacen en cualquier decisión. Si esa documentación se presenta, no hay problema. Lo que ocurre es que los servicios municipales están separados unos de otros y, además, 21 juntas de distrito acuden simultáneamente a Protección Civil para que realice la inspección correspondiente, y no tienen capacidad suficiente. Por eso los trámites se van retrasando, y el administrado que ha invertido se pone nervioso y decide abrir antes de lo debido. Entonces, cuando se comprueba que no es legalizable porque está mal hecho, viene el precinto.

P. Una concejal del PP ejecutó un precinto con una chapa en la puerta. ¿Se puede precintar tapiando con ladrillos?

R. Pues seguramente sí, siempre que se manifieste porque esta puerta ha sido tapiada. Aunque habría que analizarlo despacio porque todos estamos sometidos a la interpretación de los juzgados y algún juez pudiera pensar que esa forma de precintar comporta coacción.

P. No acaba si el silencio administrativo es positivo o negativo.

R. La teoría es larga y compleja. La doctrina del silencio administrativo positivo nace para actos de constatación de circunstancias de hecho, como las licencias, donde la Administración tiene la facultad de comprobar si aquello está correctamente hecho. Pero la doctrina del Supremo es que nunca por silencio administrativo puede obtenerse algo que no hubiera podido obtenerse expresamente [por ser ilegal, por ejemplo]. Esto comporta permanentes pleitos porque el administrado siempre entenderá que tiene la licencia por silencio, y la Administración intentará demostrar lo contrario; porque aquello no lo pudo conceder expresamente.

P. Citó Alcalá 20, como un fantasma que flota en el Ayuntamiento, pero el juez no condenó a ningún concejal.

R. Todavía está sin juzgar el hecho. Hay una no inculpación por parte del ministerio fiscal, pero, como existen otros acusadores, hasta que la juez no dicte sentencia, no sabremos nada.

P. También tuvo que intervenir en el proceso de privatización de la funeraria, que el Partido Socialista tiene intención de llevar a los tribunales.

R. Yo siempre he partido de la base de que no estoy en posesión de la verdad, que he asesorado a todos los gobiernos en la medida de mi leal saber y entender y que si el tribunal dice que he metido la pata, la he metido.

P. ¿Quién puede impedir una alcaldada, el secretario o la oposición?

R. La oposición, sin duda. El secretario, la mitad de las veces, se entera tarde.