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Los partidos podrán gastar en campaña electoral hasta 40 pesetas por habitante

El límite de los gastos electorales para los partidos será el que resulte de multiplicar por 40 pesetas el número de habitantes de las circunscripciones donde presenten sus candidaturas. Ésta es una de las innovaciones que establece la proposición de ley de reforma de la ley electoral firmada ayer por socialistas, nacionalistas vascos y catalanes y el CDS.

Izquierda Unida y el Grupo Popular no suscriben la propuesta, y los populares presentarán una suya propia. Tanto IU como PP están de acuerdo en muchos aspectos de la propuesta, como son la reducción de gastos globales en un 20% y los de la campaña institucional del Gobierno en un 90%, así como la reducción a 15 días de las campañas electorales.

Una de las innovaciones fundamentales de la proposición de ley es que la publicidad institucional, es decir, aquella destinada a informar a los ciudadanos sobre las elecciones, sólo se podrá llevar a cabo en los medios de comunicación social de titularidad pública, con lo que se suprime la campaña institucional en medios de comunicación privados. Según el portavoz socialista, Eduardo Martín Toval, esta última medida supondrá un ahorro de más de 1.000 millones de pesetas.

Si la proposición de ley se aprueba definitivamente, los ayuntamientos deberán reservar locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la celebración de actos de campaña electoral, con lo que se ahorraría a los partidos la necesidad de buscar locales para este tipo de actos. En la proposición se establece que los ayuntamientos deberán reservar obligatoriamente lugares especiales para la colocación gratuita de carteles, pancartas y banderolas.

Discrepancias

Uno de los puntos de discrepancia entre el Grupo Popular y el resto de los firmantes de la proposición viene dado porque se pretende que los partidos destinen el 25% de sus gastos en publicidad a la llamada publicidad exterior, y el 15% a la publicidad en medios de comunicación, con un total del 40% como máximo de los gastos destinados al capítulo publicitario.El PP aceptaría ese tope del 40%, pero rechaza la distribución de porcentaje destinado a gastos en los medios de comunicación y en publicidad exterior, y defiende la necesidad de que cada partido distribuya el 40% de sus gastos publicitarios en la forma que estime conveniente.

Otra innovación importante de la proposición de ley consiste en atribuir a la Junta Electoral Central el derecho de pedir la colaboración de medios técnicos y personas al Tribunal de Cuentas para poder fiscalizar los gastos de los partidos y coaliciones a lo largo de la campaña electoral.

Los debates en televisión siguen dividiendo a las fuerzas políticas, ya que el PP mantiene la necesidad de que se instituya la obligatoriedad de los debates electorales en los medios públicos de comunicación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 29 de diciembre de 1992