PSV y el empresario vasco Osinalde, enfrentados por la venta de un edificio

La sociedad IGS, controlada por la cooperativa de viviendas PSV del sindicato UGT, se enfrenta a un contencioso judicial por una demanda de mayor cuantía interpuesta por la sociedad Residencia San Antón por incumplimiento del pago por el antiguo colegio San Antón, en Madrid. Esta empresa, controlada por el empresario inmobiliario vasco José Osinalde, demandó a IGS al dejar de cumplir ésta pagos por importe de 2.070 millones de pesetas, cifra a la que habría que afiadir los intereses. IGS ganó el pasado 19 de mayo un primer juicio por incumplimiento de la ley hipotecaria, que le ha permitido mantener la propiedad del edificio.

La resolución del juez destacaba que "no puede prosperar la acción de la ley hipotecaria mientras no se resuelva el contrato entre las partes". Ante ello, Osinalde decidió presentar la demanda de mayor cuantía, tramitada por el abogado José Luis de Vicente, del bufete Crispín de Vicente, el 31 de julio de 1992. La querella fue admitida a trámite por el Juzgado número 54 de Primera Instancia de Madrid, que ocupa la jueza Comes Muñoz. El pasado día 16 los abogados de IGS se personaron ante la jueza, por lo que ahora el caso se encuentra en el periodo de respuesta.Residencia San Antón (denominación que proviene del destino que se había decidido darle al edificio adquirido por Osinalde a los Padres Escolapios) interpuso la demanda al dejar de cumplir IGS en los plazos establecidos el pago de un total de 2.300 millones. IGS, según la demanda, únicamente hizo efectivo el primer plazo por 230 millones. La demanda interpuesta solicita la resolución e indemnización por da¡íos y perjuicios por importe de unos 325 millones o, subsidiaramente, el cumplimiento del contrato; es decir, el pago de los 2.070 millones restantes. A esta cifra habría que añadir otros 200 millones si IGS decidiera cambiar el uso que había decidido dar al edificio (centro de enseñanza para los cuadros de UGT). Asimismo, Osinalde pide intereses por daños y perjuicios por un valor estimado de otros 150 millones.

El gerente de PSV, Carlos Sotos Pulido, aseguró a este periódico que había propuesto a la otra parte un acuerdo, según el cual renunciaba a la propiedad del inmueble y solicitaba la devolución de los 230 millones pagados y admitía descontar los intereses y el lucro cesante. Ambas partes se comprometieron a firmar dicho acuerdo antes del 22 de diciembre. El miércoles 23, según los abogados de Residencia San Antón, Sotos no había dado ninguna señal de vida por lo que decidieron seguir adelante en el proceso.

Campaña política

Sotos argumenta que el proceso forma parte de una campaña política, al tiempo que subraya que no implica ninguna dificultad para el desarrollo de las promociones de viviendas, que siguen su curso y para las que gestiona unos fondos de cooperativistas próximos a los 75.000 millones. Sobre el asunto San Antón añade que no pagó el segundo plazo de la operación porque no estaban escrituradas las acciones de la sociedad Residencia San Antón. Carlos Sotos asegura también que IGS no pagó porque Residencia San Antón tenía en su patrimonio las acciones del diario El Independiente que eran propiedad de Osinalde "cuando en el contrato existe la condición de que la empresa no tiene que tener más activos que los que se refieren al edificio" y que así se lo hizo saber a Osinalde. Fuentes del entorno de Osinalde, sin embargo, sostienen que las acciones del mencionado diario (hoy desaparecido) habían sido enajenadas y que únicamente quedaba el edificio. Además de su incursión en el diario El Independiente, el empresario José Osinalde ha participado en Madrid en otras operaciones inmobiliarias como las torres de Colón y el Complejo Galaxia.

La historia del enfrentamiento entre IGS y Osinalde se remonta al 8 de noviembre de 1991 cuando Residencia San Antón otorgó escritura pública de compraventa del antiguo Colegio de San Antón (Hortaleza 69, Madrid), a favor de IGS. Ante la posibilidad de que Patrimonio ejerciera derecho de retracto al ser un bien incluido en el catálogo del Patrimonio Histórico Artístico y al no haberse notificado la intención de venta a efectos de derecho de tanteo, ambas partes acordaron -a propuesta de IGS- disolver la compraventa (con fecha el 25 de enero de 1991) y sustituirla por un contrato privado para la venta de las acciones de Residencia San Antón.

Para formalizar el pago se estableció un calendario con el pago de cinco letras sucesivas, de las que se satisfizo la primera (de 230 millones) y se demoraron las otras cuatro (la segunda, de 517,5 millones, vencía el 30 de junio de 1991). IGS propuso "volver al origen y efectuar nuevamente la compraventa del edificio", según consta en carta enviada a Osinalde. En otra carta, IGS afirma estar buscando financiación para hacer "una oferta de pago al contado".

Ante esta situación, Residencia San Antón requirió notarialmente el 25 de septiembre de 1991 a IGS socilitando contestación sobre "si ha obtenido la financiación suficiente para posibitar la compraventa del edificio, acreditándolo documentalmente, realizando la oferta de pago al contado". IGS contestó, por conducto notarial, su decisión de suspender los pagos del edificio por la falta de escrituración de las acciones. Después IGS propuso disolver el acuerdo y pidió que se le devolvieran los 230 millones. Osinalde quiso devolverlos con una letra a un año sin aval, que IGS rechazó. Posteriormente, Osinalde interpuso una demanda amparándose en la ley hipotecaria, que IGS ganó. Ahora queda por decidir la demanda de mayor cuantía.