Crisis económica y modernización administrativa

La necesaria modernización de la Administración que intenta llevar a cabo el Gobierno se presenta, en opinión del articulista como una meta complicada y difícil por las desfavorables circunstancias que la rodean y las finalidades que se persiguen. Al hacer coincidir, una vez más, la reforma administrativa con la crisis económica, aquélla está abocada al fracaso.Si se examina con espíritu crítico la evolución de la Administración española, se comprueba un fenómeno que no ha pasado inadvertido a administrativistas, sociólogos y economistas. Se trata de la coincidencia en el tiempo entre los intentos, más o menos reales, de reforma administrativa y las sacudidas de crisis económica en nuestra sociedad.Parece como si una especie de fatalismo histórico arrastrara, entre nosotros, al fracaso a todas las reformas administrativas precisamente porque se conciben, impulsan y verifican no en tiempos de bonanza económica, como sería lo más lógico, sino en circuntancias adversas de estancamiento o retroceso económico y social. En la actualidad, a la altura de 1992, estamos volviendo a vivir esta experiencia nefasta consistente en hacer coincidir modernización administrativa y crisis económica. Y si valoramos la situación con perspectiva histórica, estamos ante una nueva fase del proceso crónico y repetitivo de la Administración española en virtud del cual se decide modificar sus estructuras y cambiar sus hábitos en las coyunturas menos favorables para ello; es decir, cuando el Estado se encuentra sumergido en una profunda recesión que le impide dedicar los medios suficientes para superar el reto de revisar su aparato orgánico y funcionarial.

Ingente máquina

Reconocido el hecho de la sincronía entre reforma administrativa e inestabilidad económica y social, lo más interesante es investigar por qué este fenómeno, cíclicamente, acaba destruyendo en nuestro país cuantos propósitos de mejora se pretenden llevar a cabo para reformar antes, modernizar ahora, la ingente máquina de la Administración pública. Lo primero que al respecto ha de decirse es que la Administración, como poder emergente en el seno del poder ejecutivo, no se corrige por sí misma, sino que debe ser obligada a corregirse desde fuera, es decir, desde instancias ajenas y distintas. Sucede que la Administración, en razón a su propia naturaleza, busca eludir todos los mecanismos de control y poco a poco va degenerando tanto en su conformación estructural como en sus formas de actuación, hasta que llega un momento en que la sociedad a ¡a que está llamada a servir y el Estado del que depende no resisten por más tiempo el deterioro creciente de la Administración y, por fin, deciden intervenir. Esta intervención se produce siempre in extremis cuando la economía del país no marcha bien debido en parte a las propias disfuncionalidades administrativas y burocráticas, y cuando los agentes sociales y económicos se vuelven -contra la Administración, a la que acusan de ineficiente y despilfarradora, culpándola de los grandes males colectivos y de ser causante del descontento popular, obviamente más apreciable en los periodos de recesión.

En este sentido, en España siempre ha sucedido que las reformas administrativas antes y las medidas modernizadoras ahora se aprueban en situaciones de crisis económica y social, cuando lo razonable sería que se realizaran en épocas de prosperidad sin temor a las limitaciones y cortapisas presupuestarias. Ello no es así. En este país, lamentablemente, hay que esperar que las cosas vayan mal para que se tomen decisiones dirigidas a poner al día la Administración y para que los ciudadanos despierten de su indiferencia y clamen contra lo que los franceses denominan la maladministración. Es entonces cuando surge la voluntad gubernamental de afrontar el problema, pero como escasean los recursos económicos y hay que atender antes a otras demandas sociales, los buenos deseos del Gobierno terminan estrellándose contra la penuria económica y financiera; y lenta pero inexorablemente, se van diluyendo ante la impotencia de los que mandan y el recelo de los que obedecen. Y así una vez y otra, con una periodicidad temporal que invita al pesimismo anticipado y genera en muchos la convicción de que en España toda reforma o modernización administrativa lleva consigo el germen de su inevitable frustración.

Actualmente, los españoles estamos viviendo con especial crudeza este tipo de experiencias. El Gobierno se dispone a modernizar la Administración, y para ello, el 15 de noviembre de 1991 aprobó un acuerdo implicando en la tarea a los gestores públicos y a los cuadros directivos de la Administración. Sin embargo, una serie de circunstancias negativas se han ido acumulando, hasta el punto de que tan loable empeño amenaza con convertirse una vez más en papel mojado. Porque si no hay dinero suficiente, sí se congelan o recortan las retribuciones funcionariales, si se priman otros objetivos por motivos electoralistas, si se imponen los intereses partidistas minoritarios o corporativos, la modernización administrativa encontrará obstáculos insalvables que impedirán el logro de sus principales y más urgentes objetivos.

Gastar para ahorrar

Los británicos dicen que toda revisión y actualización de la gestión pública pasa por el cumplimiento de determinadas premisas, sin las cuales se hace imposible su cristalización en resultados merecedores de elogio y aceptación. Entre ellas mencionan la de que es preciso gastar para ahorrar, en cuanto toda modernización administrativa requiere dinero para muchas iniciativas, sean éstas incentivar a los funcionarios, aplicar nuevas tecnologías, sustituir métodos de trabajo, etcétera; porque, en definitiva, todo gasto bien hecho hoy es un ahorro presupuestario mañana. Y también defienden los británicos que cualquier reforma que se emprenda en las organizaciones públicas, si se lleva a efecto desde la incredulidad de los que tienen que protagonizarla, está abocada al fracaso sin remisión alguna.

La conclusión a que se puede llegar se diseña con facilidad. En un país como el nuestro, sumido hoy en una crisis muy seria de orden económico y social que amenaza con trasladar sus efectos devastadores al ámbito político, con una burocracia perpleja e incrédula ante el futuro que le espera, la modernización de la Administración se nos presenta como una meta complicada y difícil, ante la presión de unas circunstancias desfavorables y hostiles a las finalidades que se persiguen. Y probablemente la historia tan sólo recordará el voluntarismo de unos políticos empeñados en conseguir algo que la propia crisis económica se encargará de demostrar que no está al alcance de sus pretensiones, posibilidades y expectativas.

es administrador civil del Estado.