600 agentes del Cuerpo Nacional de Policía pasan a depender de la Junta de Andalucía

La Comunidad Autónoma de Andalucía recibió ayer del Estado los traspasos de la gestión de la formación profesional ocupacional de las cámaras agrarias, así como una dotación de 600 miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que pasarán a depender del Gobierno andaluz.

El acuerdo fue firmado por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray. Chaves hizo ayer un recorrido por los ministerios del Interior, Administraciones Públicas e Industria para conseguir acuerdos que, como él mismo resaltó, suponen "un cumplimiento" del programa electoral que le llevó a la presidencia de Andalucía y que se resume, como filosofía política, en "dar contenido al estatuto de Andalucía".Tanto Chaves como Eguiagaray resaltaron la importancia del traspaso de la gestión de la formación profesional ocupacional, dado que, dejando claro que la compentencia del empleo es del Estado, el traspaso de la formación profesional será útil para ajustar los fondos destinados a las previsiones de trabajo de esa comunidad autónoma.

El traspaso de la gestión de esta competencia supondrá el trasvase de 450 puestos de trabajo, con un coste de 2.804 millones de pesetas. La transferencia de las cámaras agrarias supondrá la dependencia de la junta de 905 trabajadores, hasta ahora del Estado, con un coste efectivo de 2.500 millones de pesetas.

Antes de la reunión de la comisión mixta de transferencias de la Administración del Estado y de la comunidad andaluza, Manuel Chaves se reunió con el ministro del Interior, José Luis Corcuera, para ultimar los detalles del traspaso de 600 miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que por un periodo de tres años se adscribirán al Gobierno autonómico como ensayo para un proyecto más ambicioso.

Esta primera unidad constituirá un embrión de lo que puede ser en un futuro la policía autonómica, "que es una idea política a la que no se renuncia", señaló Manuel Chaves. En esta primera etapa, estos agentes desarrollarán labores de vigilancia de edificios y personalidades.

Con estas transferencias Andalucía, que se rige en su desarrollo autonómico por el artículo 151 de la Constitución, consigue un nivel de autogobierno similar al de las comunidades históricas. Durante 1993 el Gobierno andaluz cree posible conseguir la transferencia del agua.