"No pienso volver a divorciarme"

La ira de Jesús García se enciende a medida que enumera los tropiezos que ha sufrido para acomodarse en toda regla a su condición de español.En todas las puertas a donde llama le ponen pegas. Los servicios más rudimentarios, sin los cuales no puede desenvolverse con holgura el más común de los jubilados, le parecen extraordinariamente caros y deficientes.

Escucharle es aguantar una cascada de juicios adversos contra todo lo que le rodea en su retiro español, en el municipio de Torreblanca (Castellón), donde se ha afincado después vivir 32 años en Suiza.

El peaje de las autopistas españolas le parece el doble de caro que el que se paga en Francia; el teléfono cree que a los españoles les cuesta el triple de lo que paga cualquier otro ciudadano de la CE. La electricidad le resulta carísima y no entiende por qué las empresas facturan cargas fijas muy elevadas en relación a la potencia instalada. Tampoco comprende por qué Telefónica carga la factura con dos meses de retraso y aplica el IVA con efecto retroactivo, igual que lo hicieron las eléctricas cuando subieron las tarifas el pasado verano.

Homologación española

En su retahíla de denuncias incluye las desigualdades que observa en la facturación del agua. Tiene un amigo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), al que le hacen pagar -según le ha confesado- un mínimo de 15 metros cúbicos al mes. "Creo que si esa cantidad la gastara una familia estaría derrochando. Con esto no consiguen más que penalizar a quienes ahorran", comenta Jesús García. Su repatriación de Suiza no ha sido precisamente feliz, según se desprende de sus comentarios. Parece un cascarrabias.Pero lo que le subleva por encima de la iracundia es la tramitación que le exige la Administración española para homologar su situación jurídica personal, su estatus de divorciado logrado en Suiza tras 18 años de separación: "Ni que viniera de la República de Malí, con todos los respetos".

Jesús contrajo matrimonio con una española. Tienen dos hijos; uno de 31 años, que ha venido a residir en España, y otro de 27, establecido en Suiza, cerca de su madre, internada en un establecimiento frenopático. La pareja se mantuvo unida poco tiempo y, tras 18 años de separación, Jesús decidió sancionar jurídicamente esa situación en 1984. El trámite le costó 380 francos suizos, el equivalente a 26.000 pesetas de entonces (30.400 pesetas de hoy). Hace dos años, en vísperas de afincarse en España, se acercó al consulado español en Lausana con la idea de iniciar los trámites para homologar su condición de divorciado.

La primera sorpresa se la dieron allí: "Me pasaron un papel con la documentación que debía presentar para ejecutar las sentencias de divorcio suizas en España". La segunda la recibió por teléfono a través de una prima que había contactado con un abogado español para tantear el alcance de las minutas de tramitación: alrededor de 170.000 pesetas ("¡Seis veces más que en Suiza"!).

"¿Cómo me puede costar más dinero la legalización de un divorcio que tramitarlo en Suiza! ¡Eso no se puede consentir! ¡No hay derecho!", se exaspera Jesús. "¿De qué tengo que buscar un abogado? ¿Por qué tengo que recurrir a un procurador? Eso es una martingala que no existe en ningún otro lugar del mundo. ¿Para qué los necesito? ¿Por qué tengo que alimentar yo a una casta de señores que cobran una barbaridad por limitarse a trasladar un papel? ¿De qué, hombre?", protesta.

"Tres pepinos"

García es un jubilado de la construcción, alejado muchos años de los meandros a los que se ve abocada la gente en su contacto con las administraciones. "Pretenden dificultar la comprensión del pobre ciudadano con el fin de que abandone todo en manos de corporaciones que, por simples inscripciones burocráticas, se aseguran un nivel de vida muy por encima de la media española. Lamentablemente, continúa, "estoy aprendiendo a mis expensas lo que cuesta alimentar a esta burocracia perezosa y cansina, desde el cambio de contador eléctrico hasta la importación de un coche usado".Jesús García consume su desesperación a tragos. No se fía de las oficinas de consumidores. "Si protestas, se limitan a cursar tus quejas, pero no te resuelven nada". Todo le parece un laberinto. "Somos muñecos en manos de unos pocos funcionarios", se lamenta.

El reconocimiento de su divorcio, o lo que los juristas denominan incidente exequator, ha colmado el vaso de su paciencia. Tanto, que ha decidido pasar de abogados, de tribunales y todo lo demás. Ha tirado la toalla. Desiste. Eso supone que no podrá volver a casarse en España. La pensión de viudedad repercutirá en su ex mujer. Si tiene más hijos, accederán a una parte del patrimonio de su primer matrimonio..., pero a él le da igual. Una vez muerto, lo que pase con su patrimonio "me importa tres pepinos", dice, pero se queda como está: divorciado en Suiza y casado en España, hasta que se muera.